El enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y presuntos talamontes en Ocuilan, así como el bloqueo de la carretera México-Toluca por habitantes de San Pedro Atlapulco, en Ocoyoacac, evidenciaron que la tala clandestina dejó de ser únicamente un problema ambiental.
La violencia asociada, los conflictos comunitarios y la exigencia de mayor intervención por parte de las autoridades muestran que este fenómeno representa también un desafío para la seguridad pública, la gobernabilidad y la protección de los ecosistemas forestales.
Para quienes recorremos con frecuencia las montañas, el sonido de las motosierras en zonas remotas ha dejado de ser excepcional. Existen testimonios de pobladores, brigadistas y excursionistas que señalan la presencia de personas armadas o vehículos cargados con madera cuya procedencia resulta imposible verificar a simple vista.
No debemos olvidar que cada árbol derribado significa menor captación de agua, mayor erosión del suelo y una pérdida gradual de la capacidad que tienen nuestras montañas para sostener la vida que depende de ellas.
La dimensión nacional de esta actividad ilícita quedó expuesta hace unas semanas, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente encabezó un operativo simultáneo en 25 entidades federativas, que derivó en 28 clausuras temporales y el aseguramiento de más de cuatro mil metros cúbicos de madera.
En 2018, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México estimaron que entre 50 y 70 por ciento de la madera comercializada en el país podría tener un origen ilícito, un dato que, aunque requiere actualización, continúa siendo uno de los más citados para dimensionar este fenómeno.
A ello se suma un informe del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, publicado en 2022, según el cual la operación del crimen organizado en zonas forestales puede favorecer conflictos agrarios, desplazamientos de población y afectar los medios de subsistencia de comunidades rurales e indígenas.
En este contexto, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez anunció la semana pasada que enviará al Congreso local una iniciativa para endurecer las sanciones contra la tala ilegal. La propuesta incorpora apoyos para comunidades rurales, una señal de que este desafío difícilmente puede enfrentarse solamente desde el ámbito penal.
Endurecer las penas puede ser un paso necesario, pero no será suficiente mientras la tala clandestina siga siendo un negocio altamente rentable, existan amplias zonas forestales con vigilancia limitada y las comunidades carezcan de alternativas económicas.
Pensar que un problema de esta magnitud puede resolverse únicamente con penas más severas sería ver solo un árbol e ignorar el bosque. Defender nuestro patrimonio natural implica fortalecer las instituciones, proteger a las comunidades y garantizar que el Estado de Derecho llegue también a nuestras montañas.
Brújula. El reciente asesinato de Martina Amates González, encargada del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, así como de su hija Ivana y el chofer que las acompañaba, ha incrementado la preocupación sobre la seguridad en algunas áreas naturales protegidas del país. El caso se suma a denuncias sobre presuntos robos, extorsiones y la presencia de falsos guías turísticos en la zona.
Aunque varios reportes periodísticos han señalado como posible línea de investigación la participación de grupos delictivos, hasta el momento las autoridades no han confirmado el móvil del crimen.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Instagram: @eluniversaledomex, Facebook: El Universal Edomex y X: @Univ_Edomex
