La propuesta del PRI para instalar una Mesa Estatal de Seguridad ante el proceso electoral 2026-2027 en el Estado de México pone sobre la mesa una demanda legítima de prevención frente al avance del crimen en la política. No obstante, el éxito de esta iniciativa no dependerá del protagonismo partidista ni de exhortos legislativos, sino de una coordinación institucional transparente que evite el uso de estas instancias como escaparates de polarización. Un mapa de riesgos actualizado y mecanismos de alerta temprana son insumos clave para proteger a candidatos y votantes, siempre que no se traduzcan en burocracia ineficaz. La paz de la contienda requiere tanto la voluntad política de la oposición para colaborar sin lucrar con el miedo, como la firmeza del gobierno mexiquense para brindar garantías democráticas reales en cada municipio.
Prudencia presupuestal
El proyecto presupuestal del Poder Legislativo para 2027 busca proyectar prudencia fiscal mediante un ajuste ajustado a la inflación y la congelación de dietas, una decisión que resulta del todo sensata frente a las exigencias ciudadanas de austeridad. Centrar los incrementos en la base trabajadora mediante cláusulas de carácter humanista y mejoras salariales legítimas equilibra la balanza laboral dentro del Congreso. No obstante, el verdadero examen de disciplina financiera radicará en la ejecución del plan inmobiliario, donde la adquisición de inmuebles para evitar rentas millonarias debe ser transparente y justificable. Del mismo modo, el replanteamiento sobre el predio de Longares requiere absoluta claridad técnica para garantizar que la obra no se traduzca en desperdicio de recursos. La intención de optimizar el gasto es acertada, pero su efectividad dependerá de la fiscalización estricta con la que se concrete.
Poder Ejecutivo. Foto: Arturo Hernández / El Universal Estado de México
Más que un corte de listón
La puesta en marcha del centro comunitario “México Imparable” en Tlalnepantla representa un paso bien orientado en la lógica de prevención del delito mediante la recuperación del espacio público y la atención a la juventud. El respaldo de los alcaldes locales, entre ellos Raciel Pérez Cruz, resulta clave para garantizar que esta infraestructura federal de 9.9 millones de pesos no termine convertida en un mero monumento a la simulación, sino en una alternativa real frente a las conductas antisociales. Promover el libre acceso a espacios deportivos, culturales y de salud mental aborda de raíz las causas de la inseguridad en los municipios mexiquenses más golpeados por el crimen. No obstante, el reto de fondo no concluye con la entrega de la obra, sino con el mantenimiento operativo permanente que impida la pronta cooptación de las instalaciones por el abandono o la delincuencia. La verdadera eficacia de esta política se medirá en el impacto cotidiano sobre el tejido social y no solo en el corte de listones inaugurales.
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