En tiempos marcados por la violencia y la desigualdad, actos como el encendido del Árbol de Navidad en los Centros de Asistencia Social del DIF Estado de México cobran un significado que va más allá del protocolo: recuerdan que la política pública también puede y debe expresarse en gestos de cuidado y cercanía. La participación de Karina Labastida, directora general del DIFEM, no fue solo institucional, sino simbólica, al subrayar que la niñez en situación de vulnerabilidad requiere algo más que discursos: necesita espacios seguros, acompañamiento constante y esperanza tangible. En ese contexto, la celebración navideña se convierte en un mensaje claro de que, al menos por una noche, el Estado no solo administra, sino que abraza, y reafirma que el bienestar de niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad que trascienda las fechas festivas.

Humanismo

En una entidad donde la enfermedad suele arrastrar también precariedad y abandono, la labor del Voluntariado de Salud y Humanismo del ISEM revela una cara distinta del sistema público: la que atiende a quienes esperan, resisten y acompañan. El incremento de 50 por ciento en la demanda del albergue contiguo al Hospital del Niño Toluca no es un dato menor, sino un síntoma de una realidad que se agrava en temporada invernal. En ese contexto, la gestión de Alfredo Jiménez García y la reciente donación de cobijas adquieren un peso que trasciende la asistencia material, pues reconocen que la salud no se limita al paciente, sino que incluye a las familias que duermen en el suelo, a la intemperie y con incertidumbre. El reto, sin embargo, sigue siendo estructural: mientras estos esfuerzos solidarios alivian la emergencia, la escena de familiares pernoctando fuera de los hospitales continúa evidenciando una deuda histórica del sistema con quienes sostienen, en silencio, la espera más larga.

Bajo la lupa del INEGI

Los datos del Censo Nacional de Gobierno Federal y Gobiernos Estatales 2025 del INEGI colocan al Estado de México frente a un espejo incómodo: encabezar la lista nacional de denuncias y sanciones a servidores públicos no necesariamente habla de mayor corrupción, sino de un aparato administrativo tan vasto como problemático. Las más de 23 mil denuncias recibidas y las 3 mil 616 sanciones impuestas evidencian fallas persistentes en el cumplimiento de obligaciones básicas del servicio público, pero también plantean dudas sobre la eficacia preventiva de los mecanismos de control. A ello se suma un esquema de contratación donde la licitación pública sigue siendo minoritaria frente a la adjudicación directa y la invitación restringida, prácticas que históricamente abonan a la opacidad. Si bien el ejercicio censal apunta a avances en rendición de cuentas y ofrece señales de paridad en sectores específicos, el predominio masculino en áreas estratégicas y la baja competencia en el gasto público revelan que la transparencia y la equidad aún no se traducen en una transformación estructural del gobierno mexiquense.

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