La resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena para destituir como consejera estatal y cancelar la afiliación de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles, pone de relieve las tensiones entre la disciplina partidista y los tiempos de la justicia penal. Según expuso el coordinador parlamentario de Morena en la 62 Legislatura mexiquense, Francisco Vázquez Rodríguez, la medida constituye una señal de que nadie está por encima de la ley ni se tolerarán actos de corrupción sin importar la filiación política. Desde la óptica interna del partido, el órgano jurisdiccional aplicó los estatutos por falta de probidad en el ejercicio público, aun cuando el proceso judicial por la presunta simulación de su secuestro permanece suspendido y no existe una acusación formal por el presunto desfalco de 40 millones de pesos al erario municipal. No obstante, desde una perspectiva jurídica y de debido proceso, el caso abre el debate sobre el alcance de las sanciones internas frente al principio de presunción de inocencia y el impacto que estas determinaciones tienen en la gobernabilidad local, dejando en manos de las autoridades judiciales el esclarecimiento definitivo de los hechos.

Nancy Nápoles Pacheco. Foto Especial
Nancy Nápoles Pacheco. Foto Especial

El desafío de los nuevos cuarteles

La proyección del Gobierno del Estado de México para instalar dos nuevos cuarteles de seguridad en 2027 —uno de ellos en el estratégico corredor Tepotzotlán-Jilotepec sobre la autopista México-Querétaro— responde a la necesidad urgente de blindar las vías de comunicación y ampliar la cobertura territorial en una entidad de alta complejidad logística. Según detalló el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, este despliegue en coordinación con la Guardia Nacional se suma a las recientes aperturas en Xalatlaco y Temoaya con el objetivo de atender de manera equitativa a los 125 municipios mexiquenses, sin importar su tamaño poblacional. Si bien la expansión de infraestructura física representa un paso indispensable para consolidar la presencia institucional en zonas de tránsito comercial y alta incidencia delictiva, el reto de fondo radicará en dotar a estas sedes de inteligencia operativa, estado de fuerza suficiente y capacidad de reacción inmediata. En última instancia, la eficacia de esta inversión no se medirá únicamente por el número de instalaciones inauguradas, sino por su impacto tangible en la reducción de robos al transporte y en la recuperación de la seguridad cotidiana para quienes transitan y habitan el territorio estatal.

Horacio Duarte Olivares. Foto. Especial
Horacio Duarte Olivares. Foto. Especial

Más allá del trazo territorial

El avance procedimental en los diferendos limítrofes entre Teoloyucan y Cuautitlán Izcalli, así como entre Temoaya y Toluca, pone de manifiesto la relevancia institucional de resolver las disputas territoriales por la vía jurídica y legislativa. Según informó la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, presidida por el diputado Román Francisco Cortés Lugo, la próxima inspección ocular en la plaza comercial Puente Grande y el desahogo de pruebas testimoniales buscan aportar elementos físicos, geográficos e históricos objetivos al expediente. De acuerdo con el órgano legislativo, estas diligencias resultan fundamentales para dar fe de las circunstancias materiales en disputa, reservando la valoración jurídica de cada prueba para la etapa procesal correspondiente. Más allá del trámite parlamentario, la definición precisa de las fronteras intermunicipales representa un tema sensible.

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