A dos semanas de las elecciones regionales en Alemania –que podrían marcar la pauta para el control político de la derecha en el país–, su sistema democrático se encuentra ante una encrucijada sobre los límites de la intolerancia: la posible ilegalización del partido Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán).

AfD es uno de los partidos de derecha más radicales de Europa occidental. El pasado 30 de julio, su dirigente, Alice Weidel, aprovechó la crisis migratoria en Ceuta –donde en una sola noche cruzaron de forma irregular 50 mil personas, y el acumulado que se aproximó a los 72 mil hacia principios de agosto– para exigir el cierre de fronteras alemanas y, de ser necesario, la suspensión del espacio Schengen, al advertir que “es probable que su destino sea Alemania”. La declaración se suma a prácticas intolerantes y discriminatorias que, como muestra el eco de sus palabras en otros líderes europeos, ya trascienden fronteras.

Las elecciones del próximo 6 de septiembre en Sajonia-Anhalt llegan en un momento en el que más de un millar de juristas alemanes han reclamado al Gobierno federal y al Bundestag, que se declare inconstitucional la existencia de la AfD. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley Fundamental alemana, aquellos partidos –o sus miembros– que busquen menoscabar o eliminar el orden fundamental democrático y libre pueden ser declarados inconstitucionales.

Las razones por las que un país incluye esto en su ley fundamental están dadas, muy probablemente en este caso, por la experiencia: la sociedad alemana conoce los riesgos de justificar políticamente, aunque sea por decisión de la mayoría, prácticas intolerantes. No sería la primera vez que Alemania recurre a este mecanismo, pues ya sucedió en 1952, contra un partido considerado heredero del nazismo, y en 1956, contra el Partido Comunista. El mecanismo no está exento de críticas, pues poner límites a la libertad de expresión es, para algunos, una amenaza a la propia democracia.

Concuerdo. Las democracias se fundamentan en la existencia de una pluralidad de visiones sobre lo que se puede y debe hacer en la esfera social. La pluralidad y la libertad de expresión son un bien que deben ser defendido. Sin embargo, cuando los discursos comienzan a vulnerar la dignidad de terceros, aparece una segunda premisa para decidir los límites de la tolerancia.

La tolerancia solo se le debe a aquello que cualquier ser racional estaría dispuesto a tolerar. De ahí la animadversión hacia la AfD: su discurso suele negar la dignidad de opositores políticos, población musulmana, alemanes con raíces extranjeras y comunidad LGTBIQ. La Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), una organización de la sociedad civil alemana, recogió aproximadamente 2,500 pruebas –entre declaraciones públicas, mensajes en redes sociales, documentos del partido– que, según la organización, demuestran que ‘es un partido que trabaja premeditadamente para acabar con el orden democrático liberal’. Ahí se traza, entonces, el límite de la libertad de expresión: la justificación para no tolerar un discurso comienza cuando su intolerancia daña a terceros. La libertad de creer y de expresar creencias no puede alcanzar hasta el daño al prójimo.

Las elecciones del próximo 6 de septiembre mostrarán qué tan fuerte es ya el respaldo a la AfD y sentarán el terreno para enero de 2027, cuando se defina la elección presidencial alemana. Conviene recordar, sin embargo, que los mecanismos para limitar la intolerancia tampoco deben utilizarse como arma para silenciar a partidos con los que no se está de acuerdo. Su uso debe ser equilibrado o corremos el riesgo de terminar donde empezamos, siendo tan intolerantes como aquello que buscamos frenar. La experiencia enseña y este caso lo demuestra, que tolerarlo todo no es tolerar.

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