Cada 25 de noviembre, las plazas públicas, los edificios gubernamentales y las redes sociales se tiñen de naranja en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000 en honor a las hermanas Mirabal (activistas dominicanas asesinadas en 1960 por la dictadura de Rafael Trujillo). Esta fecha busca visibilizar una problemática que atraviesa fronteras, clases sociales y sistemas políticos; sin embargo, a más de dos décadas de su oficialización, el 25N suele abrir un intenso debate sobre la eficacia de las políticas públicas y el verdadero alcance de las conmemoraciones institucionales.

Organismos internacionales como ONU Mujeres y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostienen que la jornada el 25N es indispensable para mantener el tema en la agenda pública y exigir rendición de cuentas ya que, de acuerdo con reportes de dichas instituciones, la violencia de género continúa representando una emergencia global, pues miles de mujeres son asesinadas cada año por razones de género, mientras que la violencia digital, económica y doméstica mantiene índices alarmantes. De tal forma que para los movimientos feministas y las organizaciones de la sociedad civil, tomar las calles cada 25 de noviembre es una forma de presión política necesaria para denunciar la impunidad en los sistemas de justicia, la falta de presupuesto para refugios y la revictimización institucional.

Por otro lado, las voces críticas de analistas políticos, sectores de la ciudadanía y corrientes dentro del propio activismo cuestionan el desgaste simbólico de la fecha. Y quienes adoptan una postura escéptica frente a la respuesta estatal señalan que, con frecuencia, los gobiernos y las corporaciones recurren al llamado purplewashing o lavado lila, que consiste en iluminar monumentos, emitir comunicados oficiales y portar distintivos naranjas, mientras los recortes presupuestales a programas de prevención o las deficiencias en las fiscalías permanecen intactos.

Es importante mencionar que mientras las estadísticas oficiales de las instituciones de seguridad y observatorios ciudadanos muestran realidades que a menudo difieren en su metodología y alcance, la percepción en las calles refleja una brecha persistente entre el marco legal y su aplicación cotidiana en los ministerios públicos y tribunales.

En última instancia, la discusión en torno al 25 de noviembre gira sobre una pregunta fundamental: cómo transitar de la conmemoración a la transformación efectiva, ya sea desde la exigencia de justicia en las marchas, el diseño de políticas públicas basadas en evidencia o el cuestionamiento a la burocracia estatal, el consenso mínimo parece radicar en que los símbolos, por sí solos, resultan insuficientes si no se traducen en condiciones reales de seguridad y acceso a la justicia.

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