Toluca, Méx. - El Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa con la que busca fortalecer el marco jurídico municipal para cerrar espacios de discrecionalidad, prevenir daños patrimoniales y dotar a los Ayuntamientos de herramientas jurídicas claras para actuar con oportunidad, legalidad y responsabilidad ante irregularidades en las Tesorerías Municipales, sin paralizar la administración.
La iniciativa del diputado Javier Cruz Jaramillo plantea reformas a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en materia de designación, control y responsabilidad de la tesorería municipal.
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Se indica que si bien, la Ley establece requisitos para el desempeño del cargo de Tesorero Municipal y reconoce la atribución del Ayuntamiento para su nombramiento y remoción, el diseño normativo vigente no desarrolla de manera suficiente un esquema integral de control preventivo y de reacción institucional ante riesgos o afectaciones a la hacienda pública.
En este sentido, la propuesta introduce tres ejes de cambio: en primer lugar, se fortalece la decisión colegiada del Ayuntamiento en el nombramiento y remoción de la persona titular de la Tesorería Municipal, estableciendo la exigencia de mayoría calificada y estipula que los integrantes del Ayuntamiento que intervengan en el nombramiento o remoción, serán responsables administrativamente, civil y, en su caso, penalmente, cuando con motivo de su actuación u omisión autoricen, toleren o mantengan dicho nombramiento con dolo, conflicto de interés o negligencia grave y ello genere daño o riesgo para la hacienda pública municipal.
En segundo, se perfecciona el régimen de requisitos del Tesorero Municipal, incorporando evaluaciones técnicas y de confianza, así como un dictamen especializado en materia hacendaria, sujetos a plazos razonables de acreditación, lo cual evitará la improvisación y la parálisis operativa.
Tercero, la iniciativa incorpora un nuevo artículo (104 Bis) en el que se regula la separación provisional como medida cautelar ante la existencia de riesgos o irregularidades, la remoción definitiva como consecuencia jurídica posterior a procedimiento, y la figura del Encargado de Despacho como mecanismo de continuidad administrativa.
“Resulta necesaria la regulación, misma que debe incorporar mecanismos de control preventivo, alerta temprana y reacción institucional inmediata, especialmente tratándose de órganos que concentran funciones de recaudación, administración y ejecución del gasto”, justifica la propuesta.
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