Toluca, Méx.- Tras cinco asambleas regionales efectuadas en Acambay, San Felipe del Progreso, Temoaya, Texcoco y Tejupilco, dentro del Poder Legislativo se realizó la asamblea general para enriquecer la reforma que busca reconocer a las comunidades y pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía para su libre determinación.
En dicha asamblea, en la que asistieron más de 100 personas indígenas y afromexiquenses, se aprobó el proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Constitución, la cual establece que las obligaciones del Estado será impulsar el desarrollo económico de las comunidades respetando sus actividades tradicionales; asignar recursos públicos que puedan administrar directamente; proteger su cultura y conocimiento; garantizar la educación intercultural y en sus lenguas; mejorar el acceso a la salud, vivienda y educación; garantizarles el derecho a la alimentación con pertinencia cultural; mejorar el acceso a servicios básicos; promover la participación de las mujeres; mejorar las comunicaciones y atender a personas indígenas migrantes.
Y refiere que los derechos de los pueblos afroamericanos serán: reconocerles su derecho a preservar su identidad cultural y forma de vida; reconocer sus aportaciones históricas y sociales; ser incluidos en censos y registro oficiales; respetar su identidad con base a su autoadscripción y ser visibilizados en estadísticas para garantizar sus derechos.
La diputada Leticia Mejía García informó que, una vez respaldado el proyecto de decreto por las comunidades y pueblos indígenas, pasará a consideración del Pleno para que pueda ser aprobado, confiando en que pueda materializarse antes del 15 de mayo, es decir, previo a la conclusión del Periodo Ordinario.
Después se tendrán que materializar las reformas secundarias e incluir las posturas que las personas participantes manifestaron en las asambleas, entre ellas, la preocupación por la preservación de la lengua; el método de certificación de las parteras entendiendo que no han sido formadas en una escuela, sino que son herederas de conocimiento; impulso a la obra pública en comunidades indígenas; fortalecer los apoyos a la vivienda y convertir el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM) en una Secretaría.
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