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Toluca, Méx. — Si bien el Congreso del Estado de México aprobó el 1 de octubre la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), aún no se formaliza el acuerdo, ya que no se ha publicado en la Gaceta de Gobierno, lo que ha generado confusión y falta de cumplimiento en materia de transparencia por parte de los municipios.
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El aún comisionado presidente del Instituto, José Martínez Vilchis, aseguró que tras imponer multas económicas a las autoridades omisas en atender solicitudes de información o en alimentar su página de transparencia, habían logrado reducir en un 30 por ciento la omisión; sin embargo, ante la falta de certidumbre sobre lo que sucederá con la desaparición del Infoem, la cifra se ha elevado.
No me atrevería a dar un porcentaje al momento, pero sí ha habido mucha confusión y falta de cumplimiento, se ha incrementado, y está costando más trabajo que atiendan las solicitudes de transparencia porque hay incertidumbre sobre cuándo, de qué manera y qué hay que hacer
comentó
Como ejemplo de lo que sucede en los ayuntamientos, informó que, por primera vez, sancionaron económicamente a un presidente municipal, al de Ixtapaluca, Felipe Rafael Arvizu de la Luz, por anticiparse y extinguir su Unidad de Transparencia.
No es todavía el momento de hacer eso; nosotros ya habíamos enviado información para que esperaran a que estén las leyes secundarias en el Estado de México, para que estos instrumentos nos indiquen cuándo y de qué forma se irá avanzando. Esto es una exhortación a los presidentes municipales para que continúen con el trabajo de entregar información, subir su información a la plataforma y mantener sus Unidades de Transparencia
mencionó
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Mientras el Ejecutivo no publique en la Gaceta el acuerdo para la extinción del Infoem, Martínez Vilchis continuará respondiendo las solicitudes de información que la ciudadanía presenta, sesionando para imponer medidas de apremio (sanciones) y siendo receptor de eventos.
Una vez que se publique en el Diario Oficial, correrá un plazo máximo de 90 días para la extinción del órgano autónomo; mientras tanto, en su interior se alistan los procesos administrativos, financieros, de mobiliario e inmobiliario necesarios, e inicia el respaldo de toda la información pública contenida.
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