Toluca, Méx. - La comisión de Procuración y Administración de Justicia de la 62 Legislatura inició el análisis de tres iniciativas que han sido ingresadas en distintos momentos al Congreso Local para tipificar la violencia química o ácida, reconocerla como un tipo de violencia extrema y prever un presupuesto para cirugías reconstructivas, rehabilitación e insumos de mujeres sobrevivientes.
Las tres iniciativas han propuesto diferentes sanciones para quien cometa ataques con sustancias corrosivas, pero en promedio buscan una sanción mínima de 8 años de prisión y una máxima de 70 años considerando agravantes.
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Las iniciativas de las diputadas Nelly Rivera Sánchez y Zaira Cedillo Silva proponen hasta 20 años de prisión a quien por acción propia o por interpósita persona, cause a otra persona lesiones, daños físicos, funcionales o psicológicos mediante el uso, aplicación o lanzamiento de ácidos u otras sustancias corrosivas, las cuales produzcan lesiones internas, externas, temporales o permanentes.
Pero consideran agravantes cuando la conducta provoque deformidad permanente, destrucción o pérdida total o parcial de función orgánica, mutilación, ceguera parcial o total, o incapacidad permanente para el trabajo y cuando las lesiones afecten el rostro, cuello, cabeza, manos, organos sexuales o cualquier parte que comprometa funciones vitales o de movilidad.
En tanto, la iniciativa de la Fundación Carmen Sánchez busca no sólo reconocer y sancionar de manera autónoma la violencia química (considerando que actualmente ésta se considera sólo como una agravante del delito de lesiones, alcanzando una pena de 5 a 10 años de prisión y de 100 a 200 días multa), también reconocer su gravedad como una violencia extrema contra las mujeres.
En su conjunto, las iniciativas también buscan prever una partida presupuestal para cirugías reconstructivas, rehabilitación e insumos de mujeres sobrevivientes, dotarles de acompañamiento y apoyo psicológico, garantizar la reparación del daño y medidas de no repetición.
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En este marco, se anunció que el Poder Legislativo efectuará un foro el miércoles 22 de abril sobre violencia química, en donde acudirán activistas y víctimas a fortalecer las propuestas.
Durante su análisis, la diputada Nelly Rivera refirió que, en el 94 por ciento de los casos de violencia química, la víctima son mujeres, que en el 87 por ciento de los eventos los agresores son hombres, en su mayoría parejas o exparejas.
Por lo anterior, propuso establecer reglas de control y responsabilidad en la venta y suministro de sustancias de alto riesgo para evitar su uso delictivo.
"Hoy los ataques se procesan como simples lesiones o violencia familiar sin visibilizar la motivación misógina ni el daño simbólico ni permanente que provocan, esa omisión legal impide que las víctimas accedan a una atención integral y a una reparación del daño. En el estado no nos podemos quedar atrás, debemos ser un referente en la defensa de la vida y la integridad de las mujeres, debemos garantizar la justicia desde la ley", expresó la diputada Zaira Cedillo.
Mientras que la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón señaló que el sector salud federal reportó que entre 2011 a 2022 se atendieron a 3 mil 354 mujeres en hospitales federales por agresiones con sustancias corrosivas, un promedio de 270 casos anuales, por lo que refirió la necesidad de incorporar este delito en el Código Penal del Estado.
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