Toluca, Méx.- “Hace 12 años fui atacada con ácido, no me creyeron, dudaron de mi palabra pese a estar con la cara desecha”, expresó la activista Carmen Sánchez al destacar que un ataque con ácido no solo tiene la intención de desfeminizar a la mujer, sino también de robarle la identidad, “nos arrancaron nuestra libertad y en ese momento el estado nos desprotegió”.
Al acudir al Poder Legislativo para atestiguar el inicio de análisis de tres iniciativas que buscan tipificar la violencia química o ácida en el Estado de México, señaló que pese al dolor físico y emocional que le generó la agresión por parte de su expareja, afectando rostro, cuello y pecho, decidió pasar de ser víctima a activista para defender su caso y el de otras mujeres que han pasado por lo mismo, creando la Fundación Carmen Sánchez.
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Especificó que actualmente son 10 casos de la entidad mexiquense los que la Fundación ha identificado y brinda acompañamiento, donde la mayoría de las mujeres fueron agredidas por sus parejas sentimentales. De la totalidad, sólo en tres casos se ha logrado una sentencia, aunque ineficiente, pues algunas son de tan sólo siete años.
“Este es un tipo de violencia extrema que pone en constante riesgo la vida de las mujeres debido a sus secuelas. Llevo 68 cirugías reconstructivas y muchos tratamientos de dermatología, diversos procesos psicológicos y psiquiátricos y aun así no termino de recuperarme porque este tipo de violencia también nos deja una discapacidad permanente”.
Carmen enfatizó que en la parte médica el Estado debe garantizar una atención gratuita, pronta y continua para ayudar las sobrevivientes de manera efectiva para impulsar la reconstrucción de su proyecto de vida.
“En el Estado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha proporcionado recursos económicos a través del Fondo de Víctimas, pero no todas las mujeres acceden, ha costado mucho trabajo (…) el fondo es lento, tiene un tope y tenemos acceso a una cirugía por año, pero necesitamos cirugías continuas”.
Para garantizar lo anterior, la activista, junto con legisladoras de la 62 Legislatura buscan tipificar la violencia química o ácida y reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para garantizar el derecho a la salud, precisando que, a la fecha 25 entidades ya legislaron al respecto.
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