Toluca, Méx. La rutina diaria de los mexiquenses en el es una carrera contra reloj y, a menudo, un reflejo de nuestra cultura cívica. En el ir y venir de autobuses y combis, un tema recurrente se convierte en fuente de tensión: el uso de los asientos reservados. Estos lugares, pensados para proteger a los pasajeros más vulnerables, no siempre cumplen su función, a pesar de que existe una clara normativa al respecto.

En este escenario, la disputa por los asientos reservados se ha convertido en un reflejo de la distancia entre la ley y su aplicación práctica. Aunque la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito son claros, la realidad en las calles muestra un desinterés generalizado por cumplir con estas normas.

Las personas con movilidad limitada incluyen a los adultos mayores, mujeres embarazadas, adultos que viajan con niños pequeños y personas con discapacidad / Foto: Especial
Las personas con movilidad limitada incluyen a los adultos mayores, mujeres embarazadas, adultos que viajan con niños pequeños y personas con discapacidad / Foto: Especial

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¿Qué dicen las normas?

La Ley de Movilidad del Estado de México reconoce la movilidad como un derecho humano. Bajo este principio, la ley establece una jerarquía de movilidad, donde se da prioridad a ciertos grupos de personas. El orden de esta jerarquía es el siguiente:

  • Peatones, especialmente aquellos en condición de vulnerabilidad.
  • Ciclistas y usuarios de vehículos no motorizados.
  • Usuarios y prestadores del servicio de transporte público.
  • Usuarios de vehículos motorizados particulares.

Esta ley también define a las personas con movilidad limitada, que incluyen a los adultos mayores, mujeres embarazadas, adultos que viajan con niños pequeños y personas con discapacidad. La legislación subraya que estos grupos deben recibir atención preferencial en su desplazamiento.

Por su parte, el Reglamento de Tránsito, aunque no detalla específicamente la sanción a los usuarios, sí establece la obligación del operador del transporte público de garantizar que las normas se cumplan. Esto significa que el conductor o la empresa de transporte son los responsables de que los asientos reservados se utilicen correctamente. La sanción recae en ellos si no se respeta la norma.

Por ello, aunque no hay una multa directa para el pasajero que se niega a ceder el asiento, la ley sí responsabiliza a la empresa y al conductor de que esta prioridad sea respetada. Esto convierte el acto de ceder el asiento no solo en una cuestión de cortesía, sino en una obligación que forma parte de la cultura de movilidad que las autoridades buscan promover.

El respaldo legal que no se hace valer

La normativa es tajante: los asientos designados con símbolos de accesibilidad (como el de una persona con discapacidad, un adulto mayor o una mujer embarazada) están reservados exclusivamente para ellos. Esta disposición legal busca garantizar la seguridad y la comodidad de los pasajeros más vulnerables en un entorno que puede ser hostil. Sin embargo, en la práctica, la ley parece no tener el peso suficiente para ser respetada.

La razón principal es un vacío en la legislación. Mientras que los conductores y los concesionarios pueden enfrentar multas por no hacer valer la norma, el pasajero que se niega a ceder su asiento no tiene una sanción directa. Esta falta de consecuencias a nivel individual genera una situación en la que los choferes, a menudo, prefieren evitar confrontaciones para no atrasar la ruta ni provocar altercados, dejando la responsabilidad del cumplimiento en manos de la conciencia de cada persona.

El Reglamento de Tránsito, aunque no detalla específicamente la sanción a los usuarios, sí establece la obligación del operador del transporte público de garantizar que las normas se cumplan / Foto: Especial
El Reglamento de Tránsito, aunque no detalla específicamente la sanción a los usuarios, sí establece la obligación del operador del transporte público de garantizar que las normas se cumplan / Foto: Especial

Un problema de empatía y de sistema

El problema no solo es la ley, sino también la falta de empatía social. Se observa con regularidad cómo jóvenes ocupan estos lugares mientras adultos mayores o mujeres embarazadas viajan de pie, con el riesgo de sufrir accidentes. Este patrón sugiere que la educación cívica y la sensibilización sobre la importancia de la accesibilidad y el respeto son tan importantes como la legislación.

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La solución al problema no es simple. Requiere un enfoque dual: por un lado, una para fortalecer las sanciones a los infractores y, por otro, una campaña de concientización que fomente la empatía y el respeto entre los pasajeros. Sin un cambio en ambos frentes, los asientos reservados seguirán siendo un recordatorio diario de una ley que existe en papel, pero que rara vez se aplica en la vida real.

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