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Toluca, Méx.- Integrantes del colectivo “No al Tarifazo” y jóvenes estudiantes se manifestaron en la capital mexiquense para llamar al Ejecutivo a no autorizar un incremento en la tarifa del transporte público, al implicar un golpe al bolsillo de quienes menos tienen.
Las personas manifestantes aseguraron que aumentar la tarifa es literal quitarle el dinero a los pobres para dárselo a los transportistas, quienes en su mayoría operan bajo la irregularidad.
“Las empresas concesionadas del transporte público en su mayoría no respetan normativas ambientales, laborales, de movilidad o de tránsito, ellas mismas reconocen que más del 80% son irregulares, tampoco se hacen responsables de los siniestros que provocan, no dan recibos fiscales ni de ningún tipo, por lo que tampoco hay registros de sus ganancias”, señaló Dante Álvarez Jiménez del colectivo “No al Tarifazo”.
Y es que de acuerdo con asociaciones transportistas, el planteamiento es que les autoricen un incremento a la tarifa de 4 pesos, con lo que se pasaría de un costo mínimo de 12 a 16 pesos, ello al señalar que el último aumento que se aprobó en la entidad fue en enero de 2020, pasando de 10 a 12 pesos.
Ante ello, el frente estatal “No al Tarifazo” convocó a una manifestación que inició en el Parque Reforma, avanzó por Hidalgo y Bravo hasta llegar a Lerdo, leyendo frente a Palacio de Gobierno 10 demandas: no al aumento de la tarifa del transporte público concesionado al ser la más alta del centro del país y tarifas preferenciales para grupos vulnerables como personas de la tercera edad y estudiantes.
Además de cumplimiento de las promesas de campaña respecto al Metromex y Mexibús para Toluca; la democratización de los presupuestos para que la inversión en transporte público sea en proporción a la prioridad establecida en la ley de movilidad y seguridad vial, estatal y federal; ampliación e implementación de servicios de transporte gratuitos para estudiantes en universidades públicas del estado.
Inversión en infraestructura peatonal y ciclista; inversión en programas para la eliminación de la violencia de género en el transporte público; homologar la tarifa del Estado con la de la Ciudad de México y estados de la región; la eliminación de rutas de taxis colectivos irregulares y vagonetas; así como detener la transferencia de recursos públicos como dádivas electorales al gremio transportista.
“Pese al rezago de infraestructura la política actual del Edoméx es más electoral que de movilidad, es asumir recursos públicos como dádiva para comprar el voto duro del gremio transportista por medio de fideicomisos y bonos de chatarrización”, agregó Dante Jiménez.
