Toluca, Méx. En sesión extraordinaria, la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México aprobó por unanimidad la amnistía a favor de Bonifacia “N”, mujer indígena mazahua, adulta mayor, en pobreza extrema, con analfabetismo y víctima de violencia familiar que fue sentenciada tras un proceso en el que le fueron violentados todos sus derechos.
La originaria de Villa de Allende había sido sentenciada a ocho años y nueve meses de prisión por homicidio simple, esto tras un proceso sin traductor de su lengua materna y sin acceso igualitario a la justicia.
El beneficio se otorgó luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) documentara graves violaciones a sus derechos y deficiencias en su defensa, como la ausencia de un intérprete, la falta de perspectiva de género y la omisión de analizar las circunstancias de violencia que padeció por parte de la víctima.
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Arturo Márquez González, presidente de la Sala de Asuntos Indígenas, expuso en su proyecto de amnistía a favor de la señalada que quedó evidenciado las graves vulneraciones hacia esta mujer de la tercera edad en condiciones de violencia.
“La sentenciada es una persona indígena de la tercera edad que ha sufrido múltiples violencias, vive en pobreza y enfrentó una insuficiencia en la tutela de derechos humanos que la colocó en desventaja en el procedimiento penal”, expuso
Detalló que Bonifacia “N” fue arrestada en octubre de 2021 y procesada mediante un procedimiento abreviado, en el que aceptó los hechos para obtener una pena menor, aunque las pruebas médicas confirmaban que el día del suceso ella resultó lesionada tras ser agredida. La CODHEM advirtió que los testimonios no esclarecían su participación y que su defensa no presentó elementos para controvertir la acusación.
El magistrado expuso que la Ley de Amnistía estatal limita su aplicación en delitos contra la vida, pero contempla excepciones cuando existe un pronunciamiento de la CODHEM. En este caso, el tribunal determinó implicar el artículo primero de la ley, tras un control de convencionalidad, para garantizar el acceso efectivo a la justicia.
“Nos enfrentamos a un caso en el que no podemos permanecer inmóviles ante las omisiones de la defensa y las condiciones de vulnerabilidad de la sentenciada; aplicar la amnistía es garantizar la justicia”, afirmó.
Tras tres años y siete meses en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, el fallo ordena su “inmediata y absoluta libertad” pues el expediente acreditó que ya se cubrió la reparación del daño.
Este proyecto de resolución fue impulsado también por colectivos y por el Instituto de la Defensoría Pública, quienes respaldaron la procedencia de la amnistía.
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