Toluca, Méx. — Integrantes del Proyecto Migala Estado de México, en coordinación con el Frente Estatal”, ingresaron un tercer amparo con la finalidad general de obtener la protección de la justicia federal frente al aumento de tarifas del transporte público en la entidad, decretado mediante el acuerdo del secretario de Movilidad publicado el 10 de octubre de este año, por considerar que dicho acto viola derechos humanos de carácter colectivo y trasciende los intereses individuales de los usuarios.

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Buscan proteger los derechos colectivos de los usuarios / Foto Alejandro Vargas
Buscan proteger los derechos colectivos de los usuarios / Foto Alejandro Vargas

Prevén un total de seis amparos

Dante Álvarez Jiménez, integrante de dicho frente, detalló que anteriormente la autoridad judicial desechó los dos primeros amparos, por lo que no descartan que se presenten un total de seis en los próximos días en contra del aumento de dos pesos a la tarifa del transporte público.

El objeto de la demanda es que se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del aumento tarifario, al haberse emitido sin fundamentación ni motivación suficiente, sin participación ciudadana y sin consulta previa a los sectores directamente afectados, particularmente trabajadores, estudiantes, personas de bajo ingreso y comunidades originarias que dependen del transporte público para ejercer sus derechos básicos


señaló

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Otro de los objetivos es garantizar participación ciudadana en futuras modificaciones / Foto Alejandro Vargas
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Buscan proteger a la colectividad de usuarios del transporte público

Asimismo, se busca que la resolución que en su momento se dicte no se limite a proteger únicamente al promovente, sino que extienda sus efectos a toda la colectividad de usuarios del estatal, en atención al interés legítimo de naturaleza colectiva y conforme a la modulación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, reconocida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De esta forma, el amparo persigue no sólo restituir la situación jurídica individual, sino garantizar la igualdad, la justicia social y la accesibilidad económica en la prestación del transporte público, asegurando que cualquier modificación tarifaria futura se adopte con transparencia, razonabilidad y participación social efectiva


refirió Álvarez Jiménez

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