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Toluca, Méx. Este lunes, comerciantes ambulantes denunciaron presuntos abusos de autoridad y operativos que calificaron como ilegales por parte del gobierno municipal de Toluca en la zona de la Terminal Mercado Juárez.
Luego de que el ayuntamiento de la capital emprendiera acciones para el retiro de la venta ilegal en las calles en el perímetro Tollocan, Isidro Fabela y colonia Valle Verde, los comerciantes expusieron la prevalencia de decomisos ilegales, amenazas y violaciones a un amparo federal que, aseguran, les permite continuar con su actividad comercial.
De estas acciones, responsabilizaron directamente a Mario Alberto Medina Peralta, director general de gobierno del municipio de Toluca, esto por presuntamente encabezar los abusos.
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En denuncia ante medios de comunicación señalaron que desde hace más de 30 años ejercen el comercio en la zona, y actualmente son 987 los vendedores activos a los que un juez federal les concedió un amparo con suspensión definitiva, lo que debería, dicen, frenar cualquier intento de desalojo o decomiso por parte del ayuntamiento.
“La semana pasada, el licenciado Mario Alberto Medina vino personalmente a decomisar mercancía de nuestros compañeros, sin dejar actas ni identificarse, se puede decir que fue un robo, porque hasta hoy no han devuelto nada ni han presentado justificación legal alguna”, denunciaron.
Por estos hechos informaron que ya iniciaron carpetas de investigación por los delitos de abuso de autoridad y desacato judicial.
Exponen amparos vigentes
Los comerciantes expusieron copias del amparo vigente y aseguraron que los operativos han sido sistemáticos desde enero, pero se intensificaron recientemente, al respecto explicaron que el amparo, concedido por un juez de distrito, está plenamente vigente y prohíbe expresamente actos de molestia, hostigamiento o desalojo.
“Tenemos evidencia de que el municipio ha incumplido la suspensión definitiva, a pesar de que ya fueron notificados legalmente, los operativos continúan cómo si no existiera ninguna orden judicial, estamos ante un desacato que pone en entredicho el estado de derecho en Toluca”, replicaron.
Los inconformes relataron los casos personales de los afectados a quienes les decomisaron sus mercancías, en las que tienen invertidos gran parte de su patrimonio, a la par de que no hay repuesta del municipio para que se las devuelvan.
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“Soy madre de cuatro niñas, dos con discapacidad, ellos se llevaron todo: mesas, comida, tanques de gas, sin decirme nada, sin identificarse, no me opuse, no los agredí, pero llegaron armados, arrebataron mi puesto y me dejaron sin nada ¿Cómo le explico a mis hijas que ya no tengo con qué darles de comer?”, expresó una de las inconformes
Según los denunciantes, el Ayuntamiento ha intentado reducir su presencia en la zona permitiendo que solo 30 comerciantes de los casi mil registrados puedan seguir trabajando, sin justificación ni criterios claros, para finalizar denunciaron que las llamadas “mesas de diálogo” ofrecidas por la autoridad han sido escenarios de intimidación y amenazas.
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