Nicolás Romero, Méx. - La tala inmoderada en zonas boscosas del municipio de Nicolás Romero detonó la implementación de operativos conjuntos entre los tres niveles de gobierno, ante la persistencia de esta práctica en distintas comunidades.
La presidenta municipal Yoselin Mendoza dio a conocer que a finales de marzo el operativo se concentró en la parte alta de la comunidad de Cahuacán.
“En días anteriores, se llevó a cabo un operativo con los tres niveles de Gobierno en la parte alta de Cahuacán y lo vamos a estar haciendo de manera reiterada”, apuntó.
Alcaldes del Valle de México se reúnen con la Secretaría de Gobernación para combatir la tala que afecta también a Jilotzingo y Naucalpan. Foto Especial
La alcaldesa detalló que la problemática fue expuesta ante la Secretaría de Gobernación, donde alcaldes de la zona sostuvieron una reunión con el subsecretario César Yáñez, con el fin de coordinar acciones frente a un fenómeno que también impacta otros municipios mexiquenses.
A la par, indicó que se mantienen otras líneas de atención relacionadas con el deterioro ambiental, como la intervención en áreas verdes de San Francisco Magú, donde ya se ordenó la suspensión de trabajos con maquinaria que se estaban realizando para el fraccionamiento de un terreno.
El Código Penal del Edomex ahora castiga con hasta 20 años de cárcel el transporte y almacenamiento ilícito de productos forestales. Foto Especial
Por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, dijo, se atendió "la demanda de los vecinos y se suspendieron los trabajos".
Al respecto, integrantes del cuerpo edilicio hicieron un llamado a la alcaldesa para impulsar la declaratoria de estas zonas como reserva natural, con el objetivo de reforzar su protección y frenar la tala clandestina que continúa afectando los bosques de Nicolás Romero.
Otros de los municipios de la región que han denunciado la tala clandestina son Jilotzingo, Isidro Fabela y Naucalpan.
De acuerdo con el artículo 229 del Código Penal del Estado de México, tras su reforma, se impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión a quien, sin permiso de la autoridad, transporte, almacene, distribuya o destruya productos forestales, así como a los servidores públicos que faciliten el cambio de uso de suelo en un área natural protegida.
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