Ecatepec, Méx. En acción conjunta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Secretaría de Marina (Semar), Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPASE) y la Policía Municipal de Ecatepec identificaron e inhabilitaron cuatro tomas clandestinas de donde se extraía agua de manera ilegal.
Una denuncia ciudadana alertó a las autoridades sobre el presunto robo de líquido de las redes hidráulicas en varios puntos del municipio, el cual era comercializado posteriormente por individuos en esa región de la entidad.
La Fiscalía mexiquense inició una investigación por el delito contra el servicio público y distribución del agua y apoyada por elementos de la Semar, CAEM, SAPASE y Policía Municipal de Ecatepec llevaron a cabo una acción operativa en las calles Lázaro Cárdenas y calle Platino, pertenecientes a la colonia Polígonos III, donde fueron halladas e inhabilitadas cuatro tomas clandestinas de agua y 15 bombas conectadas a éstas para la extracción de agua.
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Al término de estas acciones, fueron colocados sellos en esos sitios y quedaron bajo custodia de la Policía Municipal de Ecatepec, en tanto continúan las indagatorias de la parte de la fiscalía.
Hace unos días, fueron detectados y clausurados otros dos puntos de extracción ilegal, uno en Ecatepec, en la colonia Polígonos III y otro en Chicoloapan, este era el “Pozo Los Pinos”, ubicado en la colonia 2 de Marzo.
Aunque contaba con una concesión oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se identificó una sobreexplotación que excedía los límites permitidos, lo que afectaba los mantos acuíferos y agravaba el desabasto en las comunidades, dio a conocer la diputada Miriam Silva Mata, presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado de México.
El huachicoleo de agua agudiza la crisis hídrica que enfrentan miles de familias, especialmente en municipios como Ecatepec y Nicolás Romero, donde muchas personas no tienen acceso al agua limpia y deben recurrir a pipas privadas que pueden superar los 4 mil pesos mensuales, lo que afecta su economía y su derecho humano al agua, advirtió la congresista local de Ecatepec.
“El robo de agua no solo es un delito, también es una profunda injusticia para quienes viven sin este recurso vital en sus hogares. El agua no debe ser un negocio, es un derecho humano que estamos decididos a defender desde el Congreso”, expresó.
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Ambas intervenciones son muestra del impacto que ha tenido la colaboración entre el Congreso y la Fiscalía, no solo mediante la colaboración activa para cerrar puntos clandestinos, sino también a través del impulso de una reforma histórica al Código Penal del Estado de México, que propone castigar con hasta 15 años de prisión a quienes roben, desvíen, trafiquen o usen políticamente el agua, comentó.
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