Tlalnepantla, Méx.- La presunta red de extorsión a concesionarios de verificentros del Estado de México pretendía obtener más de 430 millones de pesos antes de noviembre de este año, como parte de las cuotas exigidas para la revalidación de los establecimientos, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Luego de la detención de Raúl “N”, director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, y Carlos Eduardo “N”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera, presuntos integrantes de la red, la Fiscalía mexiquense detalló, en un reporte sobre las investigaciones, que el monto se obtendría mediante cobros a los concesionarios por la revalidación de sus líneas de verificación.
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La exigencia era de 500 mil pesos por cada línea de verificación, el cual sería adicional a las cuotas mensuales que la presunta red imponía a los concesionarios por el número de verificaciones realizadas, así como a otros cobros relacionados con las actividades de los establecimientos.
La investigación señala que las exigencias económicas comenzaron al menos desde diciembre de 2023.
En ese periodo, de acuerdo con entrevistas recabadas por la Fiscalía, se habría planteado a concesionarios el pago de 200 mil pesos mensuales para continuar con la operación de los verificentros.
Posteriormente, algunos concesionarios habrían aceptado pagos de entre 30 mil y 100 mil pesos, según el número de verificaciones que podía realizar cada establecimiento.
En febrero de 2024, la presunta red habría exigido además un pago denominado “retroactivo” por 162 mil 500 pesos por cada verificentro, bajo el argumento de que los establecimientos habían operado sin problemas entre octubre y diciembre de 2023.
La Fiscalía señaló que las cuotas también se habrían utilizado como mecanismo de presión para los concesionarios.
Entre las acciones identificadas están el bloqueo remoto del sistema de verificación y la limitación en la entrega de hologramas.
De acuerdo con la investigación, los cierres podían extenderse durante horas, días o meses y podían derivar en procedimientos administrativos. La reactivación del sistema podía ser utilizada para exigir nuevos pagos.
El Estado de México cuenta con un padrón de más de 7 millones de vehículos sujetos a verificación semestral y tiene 163 verificentros, según los datos citados por la Fiscalía.
Actualmente, se mantiene abierta la investigación para determinar cuántos establecimientos fueron afectados por este esquema y la participación de servidores públicos, exfuncionarios y particulares.
En tanto, Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” permanecen recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras continúa el proceso en su contra.
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