Cuautitlán Izcalli, Méx. — La donación de un predio de dos hectáreas para el programa del gobierno federal “Viviendas del Bienestar” podría ocasionar la construcción de más casas en una zona con riesgos geológicos, químicos y sanitarios, al estar ubicado cerca de dos basureros y dentro de un polígono que forma parte del Área Natural Protegida Santuario Lago de Guadalupe.
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Jorge Arzave, defensor de los derechos humanos e integrante de la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (RENACER), ha emprendido desde hace más de 18 años una batalla jurídica para exigir el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la salud, entre otros, debido a que se han documentado diversas enfermedades en la población que habita en Lomas de Cuautitlán, San Francisco Tepojaco y otras comunidades aledañas.
En entrevista, Arzave sostuvo que en la región se vive una emergencia sanitaria “por el envenenamiento con basura y otras sustancias altamente tóxicas. La cercanía con los basureros Bicentenario Tersa del Golfo y San José Huilango ha provocado daños a la salud de la población, de los cuales existen determinaciones judiciales”.
Lo anterior, dijo, también tiene un impacto en el predio donado esta semana por el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, el cual se ubica a un costado del conjunto Bungalows, a apenas 1,2 kilómetros del tiradero a cielo abierto Bicentenario Tersa del Golfo.
Como lo mencionó la presidenta de la República en sus informes sobre la actual emergencia nacional, los ayuntamientos tienen que actualizar los Atlas de Riesgo, lo que no ha sucedido en el caso de Cuautitlán Izcalli, pese a una sentencia de amparo sobre vivienda digna y riesgo en el conjunto urbano
puntualizó Jorge Arzave
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Respecto al amparo que interpuso, el defensor de derechos humanos puntualizó que la autoridad municipal está obligada a realizar estudios para determinar obras de infraestructura que mitiguen el riesgo al que están expuestas las personas de esas comunidades, e incluso a formular un plan y determinar cuáles deben ser reubicadas.
“De cumplirse la ley y la sentencia de amparo, la actualización del Atlas de Riesgo debería generar un cambio en la toma de decisiones de la CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda), a cargo del proyecto de Viviendas del Bienestar”, explicó Jorge Arzave, por lo que pidió al gobierno municipal realizar los estudios necesarios del suelo y concluir las obras de saneamiento del tiradero de Huilango.
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