Nezahualcóyotl, Méx. - Cerca de 150 integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre protestaron este jueves frente al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Neza Sur para demandar la liberación de la activista indígena amuzga Kenia Inés Hernández Montalván, quien permanece privada de su libertad desde octubre de 2020.
A lo largo de la mañana, otras organizaciones se sumaron al bloqueo y la concentración: el Frente Popular Revolucionario Emiliano Zapata, el Frente Social Amplio de Cuautitlán Izcalli, la Organización Lázaro Cárdenas de Toluca, la Unidad Nacional Independiente en Resistencia (UNIR), el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, la Comunidad Indígena Triki de Oaxaca y el Movimiento Nacional Plan de Ayala.
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La movilización se llevó a cabo por la conmemoración del Día Internacional de las Presas y Presos Políticos.
Los manifestantes bloquearon los accesos al penal y colocaron mantas con la exigencia #LibertadParaKenia.
Consideran que la detención de Hernández constituye un castigo ejemplar contra la protesta social en carreteras de cuota y la defensa del territorio indígena.
Kenia Hernández, abogada, feminista y coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive, fue detenida durante una manifestación pacífica en una caseta de cobro.
Desde entonces acumula nueve procesos penales —muchos de ellos por delitos como robo con violencia y daño a vías de comunicación— que organizaciones de derechos humanos califican de fabricados.
Ha recibido sentencias que suman más de 21 años de prisión. Pasó por el Cefereso 16 de máxima seguridad en Morelos, donde realizó dos huelgas de hambre para denunciar falta de atención médica, agua potable y aislamiento prolongado.
Luego de una agresión en el penal de Ecatepec en mayo de 2024, las autoridades la trasladaron al Neza Sur, donde actualmente se encuentra.
En este centro estatal, Hernández organiza una cooperativa con decenas de internas, muchas de ellas indígenas, y ha denunciado que al menos nueve mujeres comparten con ella condiciones de inocencia.
En septiembre de 2025 recibió la noticia del fallecimiento de su madre mientras estaba recluida y solicitó permiso humanitario para asistir al funeral y reunirse con sus dos hijos, solicitud que le fue negada.
Organismos como la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero documentan un patrón de criminalización de la protesta y violaciones al debido proceso.
Han expuesto que las acusaciones en su contra se deben a su participación en movilizaciones por derechos territoriales, de las mujeres y de presos políticos en Guerrero y el Estado de México.
Los manifestantes advirtieron que mantendrán acciones hasta que las autoridades atiendan la exigencia de libertad inmediata y revisen los casos acumulados contra Hernández.
"Defender derechos humanos no es delito", corearon frente a las rejas del penal.
La concentración se desarrolló sin reportes de incidentes mayores.
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