Manifestación de piperos afecta la México-Querétaro, exigen revertir cierre de pozos

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Tepotzotlán, Méx. - Vendedores y distribuidores de agua se manifiestan en la México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepotzotlán, ante el cierre de varios pozos y el aseguramiento de pipas derivado de la Operación Caudal que puso en marcha el Gobierno estatal para combatir el comercio ilegal de agua.

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Los piperos señalaron que se han cerrado pozos que cuentan y que no cuentan con permiso, medida que señalaron de arbitraria por parte de las autoridades.

Asimismo, acusaron que se remiten las pipas al corralón y les imponen cobros excesivos para recuperarlas.

Las manifestaciones son en al menos 40 municipios del Estado de México, donde fueron afectados por esta medida.

De acuerdo a un reporte de la Fiscalía mexiquense, la Operación Caudal se realizó en 48 municipios para desarticular redes dedicadas al robo y comercialización ilegal del agua, proteger el abasto para la población y restablecer la legalidad en el suministro.

Entre estos municipios se encuentran:

Acolman
Almoloya de Juárez
Amecameca
Atenco
Calimaya
Chalco
Chicoloapan
Chimalhuacán
Coacalco
Coyotepec
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Ecatepec
Huehuetoca
Huixquilucan
Ixtapaluca
Ixtlahuaca
Jilotzingo
La Paz
Lerma
Melchor Ocampo
Metepec
Naucalpan
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Ocoyoacac
Otumba
San Antonio la Isla
San Felipe del Progreso
San Martín de las Pirámides
Santa María Rayón
Soyaniquilpan
Tecámac
Tejupilco
Teoloyucan
Teotihuacán
Tepotzotlán
Texcoco
Tezoyuca
Tianguistenco
Tlalmanalco
Tlalnepantla
Toluca
Tultepec
Tultitlán
Valle de Bravo
Zinacantepec
Zumpango

Los piperos señalaron que se han cerrado pozos que cuentan y que no cuentan con permiso / Foto Especial

Las investigaciones realizadas por las autoridades para realizar el cierre de pozos y el aseguramiento de pipas arrojaron que los negocios ofrecían el líquido a un sobrecosto.

Mientras el costo regulado promedio es de mil 131 pesos por cada 10 mil litros para uso doméstico, en la región de Ecatepec era comercializada a un 59 por ciento más de lo permitido, en Cuautitlán con 41.4, en Tlalnepantla con 32.42 y en Toluca con casi 10 por ciento, porcentajes que se incrementaban para el uso industrial y residencial de alta plusvalía.

Las pesquisas también establecieron que, el agua extraída de los pozos clandestinos no era procesada para potabilizarla, sólo la cloraban lo que podía causar afectaciones salubres a la población.

En tanto que, para la distribución, a través de prácticas de acaparamiento, utilizaban pipas de diferentes capacidades, incluso tipo tráiler denominadas “salchichas”, sin que contaran con los permisos obligatorios.

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También se pudo establecer que las acciones referidas eran llevadas a cabo por organizaciones sociales con fachada de sindicatos, como los autodenominados Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, “USON”; Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, “ACME”; “Los 300” y/o “Unión 300”; “Libertad”; “25 de Marzo”, “22 de Octubre” y “Chokiza”, entre otros, así como comisariados ejidales, particulares o en complicidad con autoridades.

Las acciones fueron planeadas en el marco de la Mesa de la Paz encabezado en la entidad por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), Fiscalía General de Justicia del Estado de México y corporaciones policiacas municipales, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como del Gobierno del Estado de México a través de la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) y organismos municipales de agua.