San Salvador Atenco, Méx. — A 20 años de los hechos violentos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, el Estado mexicano incumplió las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de reparación del daño integral, entre otros puntos, denunciaron las víctimas de la represión.
Algunos de los habitantes de esa región enfrentan secuelas físicas, psicológicas y económicas de las agresiones y del encarcelamiento por delitos fabricados de las autoridades federales y mexiquenses, por lo que exigen que cumplan las recomendaciones internacionales.
La mañana del 3 de mayo de 2006, la Policía Municipal de Texcoco desalojó con violencia a un grupo de vendedores de flores afuera del Belisario Domínguez, ubicado en el centro, lo que desencadenó enfrentamientos posteriores. Al día siguiente, el 4 de mayo, fuerzas de seguridad —Policía Federal Preventiva, Policía Estatal y Municipal— irrumpieron en domicilios y calles de San Salvador Atenco.
Por esas confrontaciones entre habitantes de la región y miembros de las corporaciones dos personas murieron: Javier Cortés, de 14 años, de un disparo de arma de fuego de un policía estatal y Alexis Benhumea, estudiante de la UNAM, quien falleció días después por heridas ocasionadas del cartucho de gas lacrimógeno que arrojaron los uniformados y golpeó su cabeza. Más de 200 personas resultaron detenidas. Decenas de mujeres sufrieron violencia sexual durante los traslados en camionetas policiales.
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Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, fue uno de esos detenidos. Las fuerzas de seguridad lo sacaron de una casa en Texcoco junto con otros floristas e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, agrupación campesina que se creó para evitar la construcción del aeropuerto internacional en Texcoco.
Lo golpearon y lo trasladaron a un centro de reclusión. Permaneció 40 meses en prisión.
Estuve cuatro años, dos meses encerrado. Los días dentro resultaron amargos”
Inés Rodolfo Cuéllar
Al salir de la cárcel, las secuelas aparecieron en él.
Una vez que salgo, queda uno con secuelas porque nos torturaron, golpearon, me quedó un mareo permanente, desarrollé diabetes tipo 2, sufrí daño psicológico y físico. La casa de donde me sacaron quedó destruida”
Inés Rodolfo Cuéllar
Dos décadas después no hay responsables de los operativos orquestados ni la represión brutal que se ejerció contra ellos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció en su momento violaciones a derechos humanos, pero no señaló con nombre y apellido a los responsables.
Los ministros reconocieron que hubo violaciones, pero no se atrevieron a señalar con nombre y apellido. Nosotros hacemos responsables a Vicente Fox como presidente de México, a Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México y a Nazario Gutiérrez Martínez como presidente municipal de Texcoco”
Inés Rodolfo Cuéllar
El Estado mexicano no cumplió las resoluciones de la Corte Interamericana respecto a la tortura física y psicológica sufrida por los detenidos, incluido el delito de tortura sexual contra las mujeres. Ese delito no prescribe”
Inés Rodolfo Cuéllar
Edgar Eduardo Morales Reyes, tenía 18 años cuando lo capturaron. Regresaba a su casa en la comunidad de Tocuila en el municipio de Texcoco después de acudir a clases a la preparatoria cuando pasó por la carretera Texcoco-Lechería, donde se registraron varios enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los residentes de la región.
No pertenecía al FPDT ni a ninguna otra agrupación política y social. Lo detuvieron con otras personas. Lo acusaron de secuestro equiparado, ataques a las vías generales de comunicación y delincuencia organizada. Lo golpearon, torturaron y después de un proceso legal viciado de inicio en el que no hubo pruebas en su contra lo sentenciaron a 31 años, 10 meses y 15 días de cárcel.
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Estuvo recluido 4 años y dos meses, uno en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez y más de tres en el del Molino de Flores de Texcoco. Al salir tenía 22 años, pero su vida ya no fue igual, cambió para siempre.
Haz de cuenta que dejaste de existir. Te cambió la vida, te arruinaron parte de tu vida”
Edgar Eduardo Morales
Son 20 años en los cuales hemos tocado puertas, nos hacen a un lado, nos atienden por partes o momentos. El Estado mexicano no ha cumplido con nosotros, en nada, apenas nos brindaron atención médica, pero luego no hay medicamentos en el Hospital de Atenco, seguimos esperando justicia”
Edgar Eduardo Morales
Alejandro Pilón Zacate, originario de Chiconcuac, el 3 de mayo del 2006 salió en bicicleta de su casa hacia el centro de Texcoco. Practicaba ciclismo y necesitaba refacciones.
Al llegar a la carretera Texcoco-Lechería, los enfrentamientos ya ocurrían. Un grupo de policías cerró el paso y lo detuvo para una revisión. Un granadero señaló que Alejandro había golpeado a policías. Lo derribaron y patearon.
Yo sólo iba pasando en mi bicicleta. No soy del FPDT ni pertenezco a ningún movimiento”
Edgar Eduardo Morales
Lo subieron a una camioneta. Durante el trayecto continuaron los golpes. En la entonces subprocuraduría de Texcoco permanecieron arrodillados tres horas. “Nos pateaban la cabeza, nalgas, piernas… Incluso secretarias con tacones nos pegaban en la cabeza”. La familia lo buscó en hospitales y Cruz Roja. Les dijeron que no había nadie con ese nombre. Al día siguiente vieron en televisión su ingreso al penal.
Permaneció preso más de cuatro años. Lo acusaron de delincuencia organizada, secuestro equiparado y ataque a las vías de comunicación. Tenía 28 años cuando fue capturado, al salir 32. Hoy, con 48, vive con secuelas. Su familia vendió propiedades para pagar abogados. Desarrolló dolores crónicos de espalda por un coletazo, migrañas frecuentes, lesiones en rodillas, pérdida progresiva de la vista, hipertensión y trastornos estomacales por el estrés. La Suprema Corte lo absolvió el 30 de junio de 2010 junto con otros más. Nunca recibió reparación integral. “Yo sólo iba a comprar unas refacciones para mi bicicleta”.
Bonifacio Ruiz Ayala, estuvo 17 días en la cárcel. Lo detuvieron mientras compraba flores en el mercado de Texcoco. Ahora tiene 73 años y su demanda sigue vigente.
El Estado mexicano no ha cumplido con la reparación del daño. Nadie en los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— ha respondido. Hemos tocado puertas, pero nomás se echan la pelotita uno al otro. Queremos que traigan a Enrique Peña Nieto y que responda por lo que hizo”
Bonifacio Ruiz Ayala
Aún recuerdo los gritos de las mujeres en los camiones: ‘ya no, por favor’. Les metían los toletes los policías cuando nos llevaban en los camiones detenidos a Toluca. Exigimos que se cumpla la recomendación internacional de reparar el daño”
Bonifacio Ruiz Ayala
A Ulises Noriega, lo detuvieron de manera violenta en su casa de Atenco la madrugada del 4 de mayo. Ya no formaba parte del FPDT y no estuvo en los enfrentamientos del 3 de mayo. En ese momento tenía 19 años. Estuvo 15 días preso, pero estuvo sujeto a proceso judicial dos años en Toluca.
También fue tundido a golpes, torturado y amenazado por los policías. Lo acusaron de delincuencia organizada y ataque a las vías generales de comunicación.
Estamos en lucha. Hemos estado en la Comisión de Derechos Humanos y Gobernación. Nos atienden por partes. Ahora recibimos atenciones médicas, pero insuficientes. Estamos viendo algunas lucecitas ahora, pero las autoridades no han cumplido con la reparación del daño que nos hicieron”
Ulises Noriega
En el 2018 la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano por violaciones graves, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y tortura sexual contra 11 mujeres como mecanismo de control social.
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La sentencia ordenó investigación efectiva, sanción a responsables —incluida cadena de mando—, reparación integral con atención médica y psicológica gratuita, y medidas de no repetición. A 20 años, las sobrevivientes denuncian impunidad, deficiencias en atención médica y procesos que revictimizan.
Los testimonios coinciden en el patrón: detenciones sin resistencia, golpes sistemáticos, acusaciones fabricadas con pruebas idénticas e insuficientes, y años de prisión que truncaron estudios, trabajos y familias. La Suprema Corte reconoció las violaciones y absolvió a varios el 30 de junio de 2010, pero no avanzó en señalar autores intelectuales. El Estado evade responsabilidad entre niveles de gobierno, expusieron las víctimas.
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