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Toluca, Méx. El caso de Carlota “N”, de 74 años, puso en el centro de la opinión pública el problema de despojo, el incremento de redes de invasores, la impunidad y la omisión de las autoridades para atender este tema.
El hecho ocurrió en Chalco, en abril, cuando Carlota y sus hijos Eduardo “N” y Mariana “N” enfrentaron a los invasores de su inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, para tratar de desalojarlos, pero en la pugna dos personas perdieron la vida: Esaú y Justin Márquez.
Lo anterior, generó que se emprendieran investigaciones que arrojaron que días antes del homicidio, su hija Mariana “N” había denunciado ante las autoridades competentes el despojo del inmueble.
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Sin embargo, la falta de respuesta de las autoridades generó que hicieran justicia por su propia mano, llevándolos a emprender un proceso legal que, en su curso, ha evidenciado la existencia de redes de invasores en gran parte de la entidad, sobre todo en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Atizapán, Tlalnepantla y La Paz.
Califican despojo como delito grave
El Decreto 128 fue publicado en la Gaceta del Gobierno, con el cual se fortalece en el Estado de México la normativa penal en materia de despojo, pues se agravaron las penas hasta una máxima de 25 años con seis meses de prisión y hasta mil 500 días multa para quien lo cometa.
El informe reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela el registro de 2 mil 310 denuncias por despojo de enero a mayo de 2025: 424 en enero, 437 en febrero, 431 en marzo, 502 abril y 516 en mayo.
En comparación con el mismo periodo de 2024 en donde se registraron 2 mil 49 casos, se muestra un incremento del 12%, ante esta realidad.
El Congreso Local aprobó el 26 de junio la reforma al Código Penal del Estado para agravar el delito y con su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México ha entrado en vigor este 15 de julio.
En el artículo 308 se establece que al responsable de este delito se le impondrán de cinco a 10 años de prisión y de 700 a mil días multa, pero de tratarse de un predio que por decreto del Ejecutivo del Estado haya sido declarado área natural protegida, se impondrán de siete a 12 años de prisión y de 700 a mil días multa.
Cárcel a servidores públicos
A la par, se contempla una sanción de 10 a 17 años de prisión a las personas servidoras públicas que participen en el delito, a quienes dirijan la invasión, instiguen a la ocupación del inmueble o cuando el despojo se realice por dos o más personas.
También refiere el Decreto que la sanción se incrementará hasta en una mitad cuando el delito se cometa en cualquiera de los siguientes supuestos: Con violencia física o moral, o mediante el rompimiento de cerraduras, o el forzado de puertas o ventanas.
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Así como cuando se cometa en contra de un ascendiente o descendientes; cuando se aproveche clandestinamente la ausencia del legítimo poseedor o propietario, o mediante engaño o abuso de confianza, y cuando la víctima sea una persona mayor de 60 años, menor de 18, mujer embarazada, persona con discapacidad o perteneciente a un pueblo o comunidad indígena.
A la par, se sancionará de la misma manera cuando el despojo se ocasione o facilite dolosamente mediante la intervención de una persona titular de Notaría Pública o del Instituto de la Función Registral del Estado de México o su equivalente.
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