Juchitepec, Méx. — Un juez del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Hedilberto “N” y Evelin “N” por su probable responsabilidad en homicidio calificado y delitos vinculados a la desaparición de personas, en agravio de dos hombres originarios de Veracruz.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el 16 de marzo tres hombres, entre ellos las víctimas, llegaron a bordo de una camioneta tipo pick up al domicilio de los imputados en Juchitepec, municipio de la región de los volcanes. Los visitantes acudieron a la localidad para entregar un pedido de hojas de maíz para tamal.
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Una vez dentro de la vivienda, Hedilberto “N” y Evelin “N” ofrecieron comida a los sujetos. Poco después, uno de ellos se sintió mal y salió del inmueble; desde el exterior escuchó detonaciones de arma de fuego que procedían del interior. Por temor, el hombre se ocultó y más tarde solicitó ayuda a la Policía Municipal.
Las investigaciones establecieron que Hedilberto “N” y Evelin “N” agredieron a las dos víctimas con disparos. Con la participación de una menor de edad y otro hombre ya identificado, trasladaron los cuerpos a la camioneta de los agraviados para moverlos a diferentes puntos.
Al arribar al lugar, agentes municipales arrestaron a Hedilberto “N”, Evelin “N” y a la adolescente. En el sitio aseguraron un teléfono celular que era propiedad de una de las víctimas, así como varios cartuchos útiles.
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Al día siguiente, las autoridades localizaron los cuerpos. Uno se hallaba dentro de la camioneta en un camino del municipio de Ayapango; el segundo apareció en una fosa en la comunidad de San Matías Cuijingo, también en Juchitepec.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo las órdenes de aprehensión contra los imputados. Hedilberto “N” y Evelin “N” ingresaron a un centro penitenciario, mientras que la menor fue canalizada a un centro de internamiento especializado.
Tras la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público, el juez determinó la vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. La situación jurídica de la menor la definirá la autoridad competente en materia de justicia para adolescentes.
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