Chalco, Méx.- Raúl Piña Horta y Carlos Eduardo Solares Vega, exfuncionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, fueron sentenciados a un año y cuatro meses de prisión por abuso de autoridad, pero evitarán la cárcel mediante la conmutación de la pena por una multa.
La jueza de Control del Distrito Judicial de Chalco dictó la sentencia condenatoria el martes 13 de octubre, mediante un procedimiento abreviado. Además de la pena de prisión, impuso multas de 5 mil 396.26 pesos a Piña Horta y de 4 mil 772.04 pesos a Solares Vega.
Como parte de la resolución también se ordenó la destitución de ambos exservidores públicos y su inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
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Cabe destacar que la jueza modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y ordenó su excarcelación. Como parte de las nuevas medidas cautelares, ambos deben presentarse cada mes ante el Centro de Medidas Cautelares (CEMECA) y tienen prohibido acercarse a las víctimas.
Los dos exfuncionarios fueron detenidos en agosto por su probable participación en una red de presunta extorsión contra propietarios de verificentros y estaciones de servicio de combustible.
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Piña Horta se desempeñaba como director general de Control de Emisiones Atmosféricas, mientras que Solares Vega era director de Control de Emisiones a la Atmósfera.
En las investigaciones iniciales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señaló que ambos presuntamente formaban parte de una red integrada también por servidores públicos, exservidores públicos y particulares, quienes exigían cuotas ilegales a propietarios de verificentros para evitar el cierre de líneas de verificación.
Las indagatorias también apuntaban al uso de amenazas y de atribuciones públicas para intentar despojar a concesionarios de sus autorizaciones y de la infraestructura de sus establecimientos.
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Sin embargo, la sentencia se dictó por abuso de autoridad, tras una reclasificación del delito.
La Fiscalía mexiquense explicó que parte de este cambio se relacionó con las declaraciones actualizadas de las víctimas, quienes señalaron que después de las detenciones retomaron sus actividades sin problemas y dejaron de recibir exigencias de dinero.
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La institución precisó que, en el delito de abuso de autoridad, la víctima es la administración pública.
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