Toluca, Méx. La (FGJEM) continúa con la Operación Restitución, en el marco de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad. Esta iniciativa, coordinada con la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN), y el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), así como autoridades de la Ciudad de México y Veracruz, ha resultado en la detención de 11 sujetos y el ejercicio de acción penal contra 12 personas más. Todos ellos están relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad, los cuales son combatidos activamente mediante esta estrategia, derivada de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, liderada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Modus operandi de los delincuentes

Las investigaciones han permitido establecer que los individuos involucrados llevaron a cabo acciones, de manera individual o colectiva, para favorecer la ocupación ilegal de casas habitación, locales comerciales, naves industriales o predios. En este modus operandi, destaca la participación de grupos violentos de choque, que operan bajo el amparo de "sindicatos" y con la complicidad de autoridades municipales y servidores públicos estatales. El objetivo final es regularizar las propiedades ante notarios públicos que, en muchos casos, conocían plenamente el origen irregular de los bienes.

Resultados de la Operación Restitución

La Operación Restitución es una estrategia permanente para perseguir los delitos relacionados con la propiedad, desarticular sus redes de apoyo criminal y combatir la complicidad de servidores públicos municipales y estatales en estas actividades ilícitas.

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En el periodo del 22 al 30 de mayo, se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra 11 líderes de organizaciones sociales autodenominadas "sindicatos" o integrantes relevantes de su estructura. Entre ellos, destaca el líder de la organización criminal autodenominada "Los Gastones". Asimismo, se obtuvo audiencia de formulación de imputación contra tres notarios públicos, cuatro funcionarios o exfuncionarios municipales de las áreas de catastro y cinco servidores públicos del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).

En el periodo del 22 al 30 de mayo, se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra 11 líderes de organizaciones sociales autodenominadas "sindicatos" o integrantes relevantes de su estructura / Foto: Especial
En el periodo del 22 al 30 de mayo, se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra 11 líderes de organizaciones sociales autodenominadas "sindicatos" o integrantes relevantes de su estructura / Foto: Especial

Desarticulación de organizaciones criminales

La Fiscalía ha identificado que la "Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)" utilizaba su presencia armada y superioridad numérica para intimidar a habitantes o poseedores de inmuebles, apoderándose violentamente de ellos y exigiendo dinero para su devolución. Estas actividades se llevaban a cabo principalmente en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Tecámac, Tlalnepantla y Zumpango.

Gracias a la recién creada "Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles", se detuvieron a seis integrantes de esta agrupación:

  • José Carmelo “N”, aprehendido el 28 de mayo, identificado como uno de los principales operadores
  • Gabriela “N”, aprehendida el 26 de mayo, por despojo y extorsión
  • Ulises “N” y Juan Alberto “N”, detenidos el 22 de mayo, y José Manuel “N”, aprehendido el 28 de mayo, investigados por despojo
  • Daniela “N”, detenida el 29 de mayo por cohecho e investigada por despojo y extorsión

Las diligencias revelaron que la organización “Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ)”, con apoyo del anterior gobierno municipal de Ecatepec, generaba supuestos alertamientos policiales para desocupar a los legítimos propietarios y entregar los inmuebles a integrantes de su grupo u otras organizaciones.

En este contexto, la Operación Restitución logró la detención de Hugo Francisco “N” el 23 de mayo en Veracruz. Este sujeto se encuentra vinculado a proceso por extorsión, al haber ordenado la detención ilegal de una víctima en agosto de 2023 para despojarla de su inmueble.

Otro de los grupos investigados es la “Unión 300” y/o “Los 300”, cuyos integrantes son indagados por su participación en homicidios, venta de narcóticos, extorsiones a transportistas y comercios, robo con violencia y despojo en municipios como Ecatepec, Tecámac y Zumpango. Se ha identificado que esta organización contaba con una red de protección encabezada por la pasada administración del Ayuntamiento de Ecatepec.

El 9 de marzo, fue detenido Luis “N”, alias “El Conejo”, señalado como líder de esta organización. Posteriormente, el 29 de mayo, fue detenido Alberto Eduardo “N”, quien tomó el control de las actividades ilícitas tras la captura de “El Conejo”.

El “Sindicato 22 de Octubre”, con presencia principalmente en Chalco, se apropia violentamente de viviendas desocupadas y, de manera destacada, de aquellas habitadas por personas en situación de vulnerabilidad. El 26 de mayo fueron aprehendidos Lourdes Yohana “N” y Víctor Heladio “N”, alias "El Taz", integrantes de esta organización, por el delito de despojo.

Se ha identificado que grupos delictivos de alto impacto, como “Los Gastones”, con presencia en Chalco, Valle de Chalco y alcaldías de la Ciudad de México, también participan en delitos de despojo y contra la propiedad. El 3 de mayo, se logró la detención de Brandon Salvador “N”, alias “El Gastoncito”, considerado líder de este grupo criminal, quien se encuentra vinculado a proceso por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión.

Complicidad de Servidores Públicos y Notarios

La Operación Restitución busca identificar y desarticular los entramados criminales que favorecen la comisión de delitos contra el patrimonio, enfocándose también en la complicidad de servidores públicos estatales o municipales, notarios, miembros de instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia, así como actores políticos.

Hasta el momento, la Fiscalía estatal ha ejercido acción penal contra 12 integrantes de diversas instituciones por su probable participación en el entramado criminal. Se formulará imputación contra:

  • Cinco servidores públicos del IFREM (dos registradores, dos calificadores y un analista) por el registro de folios reales a favor de personas distintas a los legítimos titulares, incluso con documentación apócrifa. Las audiencias de formulación de imputación sin detenido se desahogarán los días 12 y 13 de junio
  • Dos directores de Desarrollo Urbano de Coacalco y Lerma, un exdirector de Catastro Municipal de Ecatepec, y una jefa de Mercados Municipales de Chimalhuacán, por abuso de autoridad. Sus audiencias de formulación de imputación sin detenido se llevarán a cabo los días 10, 16 y 17 de junio
  • Tres notarios públicos (dos en Toluca y uno en Ecatepec) por falsificación de documento e irregularidades en la expedición de poderes notariales o actos traslativos de dominio. Las audiencias de formulación de imputación sin detenido serán los días 16, 25 y 27 de junio.

Logros de la estrategia para la restitución de la propiedad

Desde el 1 de abril hasta la fecha, las autoridades que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz han asegurado y se encuentran en proceso de restitución a sus legítimos poseedores y dueños, un total de 284 inmuebles de diversa índole. Se prevé la intervención de 60 propiedades más durante los primeros días de junio, lo que podría sumar 344 inmuebles recuperados en 34 municipios del Estado de México.

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Es importante señalar que, el 25 de abril de 2025, el fiscal general dispuso la creación de la “Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles” para agilizar las investigaciones, identificar a los legítimos propietarios y preservar sus derechos.

Las continúan y se recuerda que los probables implicados deben considerarse inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

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