Toluca, Méx. La extorsión se ha arraigado como uno de los flagelos más severos que afectan el tejido social y económico del sur del Estado de México. Lejos de ser un fenómeno aleatorio, el crimen organizado ha perfeccionado un esquema de coacción que somete a productores, comerciantes y transportistas en una vasta región, imponiendo un mercado paralelo basado en el miedo y la violencia. Ante este escenario, la Operación Liberación ha irrumpido como una respuesta coordinada para desmantelar estas estructuras.
El esquema extorsivo dominante se basa en el "derecho de piso" y la imposición de sobreprecios abusivos. Un grupo delictivo con orígenes en Michoacán ha sido identificado como el principal perpetrador, extendiendo sus tentáculos a 14 municipios de la zona, incluyendo Amanalco, Ixtapan de la Sal, Tejupilco, Temascaltepec, y Valle de Bravo, afectando a casi un millón de mexiquenses.
Este esquema se enfoca en aspectos muy precisos de la actividad económica, donde los pobladores se ven obligados a adquirir bienes, insumos o servicios en lugares preestablecidos, o a precios desproporcionados.
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Las investigaciones, iniciadas por la Fiscalía desde hace seis meses, revelan incrementos alarmantes. Por ejemplo, se documentaron sobreprecios de hasta el 300% en el kilo de retazo de pollo en Sultepec y del 372% en Ixtapan de la Sal. Materiales de construcción como la varilla y el cemento también sufren aumentos significativos, con promedios de hasta 33.52% y 20.51% respectivamente en Valle de Bravo.
Carnes como la de res y cerdo también son víctimas de este control de precios, con el kilo de costilla de res llegando a un 47.06% de sobreprecio en Sultepec, y el kilo de bistec de cerdo con 20.69% en Temascaltepec.
La táctica es brutal: la negativa a acatar las órdenes se traduce en amenazas, vandalismo, secuestros exprés o, en el peor de los casos, homicidios. Los criminales ejercen un férreo control sobre las cadenas de suministro y distribución, obligando a los comerciantes a comprar y vender exclusivamente a través de sus intermediarios o en establecimientos designados por ellos.
Lanzada el pasado lunes 21 de julio, la Operación Liberación es una acción coordinada entre el Gabinete de Seguridad Nacional –incluyendo SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana– y las instituciones estatales, bajo el liderazgo de la presidenta de la República y la gobernadora del Estado de México. Esta iniciativa no es un esfuerzo aislado, sino que se enmarca en una serie de operaciones previas como "Enjambre", "Atarraya", "Fortaleza", "Bastión" y "Restitución".
Como parte de esta operación, se han ejecutado 52 cateos en 63 inmuebles, identificados como centros de operación del entramado criminal. Estos operativos han resultado en la cumplimentación de órdenes de aprehensión contra ocho objetivos relevantes. Entre los detenidos, se encuentran figuras clave que controlaban la distribución de materiales de construcción, la venta de cárnicos y pollos, y lideraban sindicatos vinculados a la extorsión.
La operación ha logrado aseguramientos significativos. Hasta el 22 de julio, las cifras preliminares incluyen el aseguramiento de 4,174 ejemplares avícolas, 3.9 toneladas de cárnicos, 5,000 bultos de cemento, 137 toneladas de varilla, y 128 vehículos, entre otros bienes.
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Un hecho inédito es la "disposición anticipada" de estos bienes, que, con autorización judicial, serán distribuidos para asistencia social por la Secretaría de Bienestar del Estado de México. Esto incluye semovientes, forrajes, y materiales de construcción, entre otros.
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