Toluca, Méx. En un golpe contundente contra las redes de extorsión y secuestro exprés que operan en el sur del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha logrado la vinculación a proceso de los ocho detenidos en el marco de Operación Liberación, ocurrida el pasado 21 de julio.
Entre los asegurados se encuentran líderes sindicales, una exregidora y empresarios; todos enfrentan graves cargos que podrían acarrear penas de hasta prisión vitalicia.
La carnicería "El Gallito" en Sultepec, en el centro de un conflicto. Sus dueños y vecinos exigen la liberación de Antonio, mientras Texcaltitlán también se rebela contra las incautaciones. Foto: Alejandro Vargas
Las audiencias de los detenidos resultaron en la ratificación de la prisión preventiva oficiosa para todos los vinculados a proceso. Esta medida asegura que los siete imputados permanecerán privados de su libertad mientras se desarrolla la investigación complementaria, para la cual la autoridad judicial ha otorgado plazos entre dos y seis meses.
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Perfiles de los detenidos y modus operandi
La investigación de la FGJEM ha desvelado una compleja red de actividades ilícitas, donde cada detenido presuntamente desempeñaba un rol específico en esquemas de extorsión y coacción económica:
- Gonzalo “N”: Identificado como el líder del Sindicato “Bradosva”, Gonzalo “N” fue vinculado a proceso por extorsión agravada. Las indagatorias señalan que el 20 de febrero de 2025, en la carretera libre Valle de Bravo-Toluca, interceptó a una víctima, exigiéndole el pago de "derecho de piso" para la distribución de materiales de construcción (arena, grava y varilla) en la región de Valle de Bravo. Además de una cuota inicial de 15 mil pesos, impuso un cargo de 2 mil 500 pesos por cada viaje de material, monopolizando presuntamente el suministro.
- Yareli “N”: Quien fungía como tercera regidora del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, Yareli “N” fue vinculada a proceso por su probable intervención en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. Se le investiga por hechos ocurridos en abril de 2025, cuando habría participado en la privación de la libertad de un comerciante de Ixtapan de la Sal. La víctima fue trasladada a un hotel y se le exigió una suma económica bajo amenaza de daño a él o su familia, alegando que Yareli “N” pertenecía a una organización criminal con orígenes en Michoacán.
- Jorge “N” : Presunto líder de madererías en Valle de Bravo, Jorge “N” fue vinculado a proceso por extorsión agravada. El 20 de junio, habría amenazado a un comerciante de madera, exigiéndole 100 mil pesos para permitirle continuar con su negocio, además de una cuota mensual basada en sus ventas.
- Antonio “N: Presunto integrante de un grupo delictivo encargado de la distribución y venta de carne en Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán, también fue vinculado a proceso. El 11 de marzo, en complicidad con otras dos personas, habría amenazado de muerte a una víctima si se negaba a comprar carne de res y cerdo exclusivamente a él o si adquiría productos de otros proveedores.
- Alicia “N” y José Fernando “N”: Estos dos individuos, presuntamente vinculados a una organización delictiva con orígenes en Michoacán, fueron indagados por extorsión agravada. Se les imputan hechos perpetrados el 4 de junio en Ixtapan de la Sal, aunque no se detallan las víctimas o las cantidades exactas en la información proporcionada.
- Eli “N” : Propietario de “JIMEX”, una casa de venta de materiales y almacén en Valle de Bravo, fue vinculado a proceso por secuestro exprés con fines de extorsión. Las investigaciones de la Fiscalía Edomex sugieren que era la única persona autorizada por un grupo delictivo con orígenes en Michoacán para la distribución de cemento y materiales de construcción en la región de Valle de Bravo.
- Bernardo “N”: De acuerdo con las investigaciones, era el encargado, por parte de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán, de la venta de pollo a comerciantes del municipio de Ixtapan de la Sal.
La Operación Liberación fue considerada por pobladores de la zona sur del Estado de México como un golpe fuerte a la delincuencia organizada / Foto: Alejandro Vargas
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Penalidades ejemplares en caso de culpabilidad
La gravedad de los delitos imputados a estos siete individuos se refleja en las severas penas que podrían enfrentar. En caso de acreditarse su responsabilidad penal, los acusados de secuestro exprés con fines de extorsión podrían ser sentenciados a hasta 80 años de prisión o incluso a prisión vitalicia. Para el delito de extorsión, las penas podrían alcanzar hasta 70 años de prisión o también la prisión vitalicia.
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