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Tecámac, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió 110 expedientes por señalamientos de conductas delictivas atribuidas a sus servidores públicos, de los cuales 67 surgieron de oficio y 43 provinieron de denuncias formales, tras la difusión de publicaciones en redes sociales y otros medios.
Entre ellos se encuentran 10 integrantes de la corporación mexiquense adscritos a la región de Tecámac que en la tercera semana de enero fueron suspendidos por su presunta participación en extorsiones a conductores en la autopista México-Pachuca.
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El análisis inicial de las publicaciones y denuncias identificó acusaciones contra 39 elementos de la institución y ocho personas externas.
De estas últimas, cinco permanecen sin identificación plena por falta de indicios suficientes; las pesquisas continúan para establecer su identidad.
Las indagatorias determinaron la probable participación de ocho policías de investigación en ilícitos.
La Fiscalía ejerció acción penal contra ellos: dos enfrentan cargos por extorsión y seis por usurpación de funciones públicas.
Los ocho esperan audiencia de formulación de imputación.
En otros 20 elementos señalados persiste la investigación para aclarar los hechos y su eventual implicación.
Abren procedimientos administrativos
La Fiscalía mexiquense informó que hasta ahora no existen indicios para formular imputación judicial, pero se abrieron procedimientos administrativos ante el Órgano Interno de Control, Visitaduría General, Órgano Sustanciador y Comisión de Honor y Justicia.
Respecto a 11 servidores públicos más, las pesquisas concluyeron que no guardan relación con las conductas denunciadas.
Tres personas ajenas a la institución, denunciadas por víctimas, enfrentan proceso penal por secuestro con fines de extorsión, luego de que se ejercitó acción penal en su contra.
El Ministerio Público citó a 41 presuntas víctimas para que aportaran datos adicionales en sede ministerial, pero sólo tres acudieron desde el 19 de enero hasta la fecha; sus entrevistas permitieron judicializar casos.
La baja asistencia obstaculiza el avance de las carpetas de investigación.
De conformidad con el artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 43 expedientes se archivaron temporalmente porque las publicaciones contienen críticas sin sustento, datos contradictorios o imprecisos que no configuran delito. Permanecen abiertos a nuevos indicios o pruebas.
Una de las acusaciones atribuyó prácticas extorsivas en 2025 a un elemento que falleció en 2020 durante el cumplimiento de su deber; la Fiscalía consideró inverosímil la publicación.
Las indagatorias documentaron 34 vehículos mencionados: 12 pertenecen a particulares y 22 a la institución. Dos unidades oficiales —un Charger blanco y un Durango negro— se vincularon directamente a los ilícitos denunciados y quedaron aseguradas.
Nueve no guardan relación con delitos. De los 11 restantes no se estableció uso en los hechos.
El Fiscal general ordenó concentrar 60 unidades tipo Charger blanco en bodegas de evidencias (33 en el complejo central y cinco en Control de Equipo) mientras resulten útiles para las investigaciones.
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