Toluca, Méx. En un esfuerzo coordinado sin precedentes, el pasado lunes 21 de julio dio inicio la , una iniciativa conjunta de las instituciones que conforman el gabinete de seguridad nacional y las autoridades del Estado de México, con el objetivo de desarticular los entramados criminales dedicados a la extorsión en el sur de la entidad. Esta acción se enfoca específicamente en grupos que imponen cuotas o precios abusivos y obligan a la compra o venta de bienes, insumos o servicios en lugares preestablecidos, bajo un esquema extorsivo.

Un esfuerzo estratégico contra la coacción económica

La “Operación Liberación” no es un evento aislado, sino que se enmarca en la constante coordinación entre el gobierno de México y el Estado de México, dando continuidad a exitosas operaciones previas como “Enjambre”, “Atarraya”, “Fortaleza”, “Bastión” y “Restitución”. La meta es clara: perseguir la coacción económica ejercida por grupos criminales o individuos que someten a personas y comunidades enteras a un mercado abusivo, incrementando desmedidamente los precios de productos específicos y limitando la libre competencia.

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Durante los últimos seis meses, la Fiscalía del Estado de México ha integrado expedientes de investigación, los que revelaron que un grupo delictivo con orígenes en Michoacán operaba en 14 municipios del sur del Estado de México, afectando a casi un millón de mexiquenses.

Por esta razón se realizaron operativos simultáneos en 63 establecimientos comerciales identificados como concentradores de la red criminal en los municipios: Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tlatlaya, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria.

En este contexto, se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra ocho objetivos relevantes, no solo por actividades de sicariato o delincuencia organizada, sino por su crucial papel gerencial y de intermediación en las cadenas de suministro de la región, directamente relacionados con delitos de extorsión y secuestro exprés.

Los detenidos están presuntamente vinculados con prácticas extorsivas en diversos sectores económicos, incluyendo minas, comercializadoras y distribuidoras de materiales de construcción, ferreterías, criaderos de pollo, cerdo y otros semovientes, así como de huevo y cárnicos. También se les relaciona con el transporte de carga y la manipulación de paquetería, siendo parte fundamental de las estructuras de financiamiento del grupo criminal michoacano.

Perfiles de los detenidos y su impacto en la economía regional

Entre los aprehendidos destacan:

  • Eli “N”: Propietario de la empresa de venta de materiales y almacén “JIMEX” en Valle de Bravo. Se le acusa de ser la única persona autorizada por el grupo delictivo para la distribución y venta de cemento y materiales de construcción en la región, imponiendo precios y afectando directamente la economía local. También se le investiga por extorsión y secuestro con fines de extorsión.
  • Gonzalo “N”: Identificado como líder del Sindicato “Bradosva”, era el único autorizado para suministrar y distribuir materiales como arena, grava y varilla, así como para el movimiento de materiales de una mina, favoreciendo el monopolio forzado de Eli “N”. Se le indaga por extorsión agravada, ya que exigía sumas de dinero a transportistas independientes o, en su defecto, amenazaba con dañar sus obras e incluso privarlos de la libertad.
  • Alicia “N”: Responsable de la contabilidad y operaciones financieras de establecimientos de materiales en Ixtapan de la Sal. Investigada por extorsión agravada, obligaba a clientes a adquirir productos con incrementos del 20%, amenazándolos con “levantarlos o matarlos” si no accedían. Se presume que utilizaba un hotel de su administración para “persuadir” a clientes, mostrándoles sus caballerizas con más de 50 equinos de alto registro, presuntamente propiedad de los líderes del grupo criminal. Es pareja sentimental de Jorge “N” y prima de Yareli “N”.
  • Jorge “N”: Líder de madererías en Valle de Bravo. Se le atribuye haber monopolizado la venta de polines y tablas, incluyendo maderas finas para interiores. Se le investiga por extorsión agravada, por exigir una cuota inicial de 100 mil pesos a un comerciante de madera y una cuota mensual posterior para permitirle operar. Es pareja sentimental de Alicia “N”.
  • Yareli “N”: Cuarta regidora municipal, presuntamente vinculada con la organización delictiva y prima de Alicia “N”. Se le cumplimentó mandamiento judicial por secuestro exprés con fines de extorsión, por hechos ocurridos en abril de 2025, donde habría participado en la privación de la libertad de un comerciante de muebles para exigirle una “cuota” bajo amenazas de muerte para él y su familia.
  • José Fernando “N”: Dueño de madererías en la región de Ixtapan de la Sal. Se le acusa de incrementar el precio de la madera para entregar el excedente a los criminales y de realizar trabajos de logística con taxistas. Se le cumplimentó orden por extorsión, por exigir un 20% más del costo total en la compra de productos maderables en enero de 2025.
  • Antonio “N”: Presunto integrante del grupo delictivo, encargado de la distribución y venta de carne en Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán. A través de un establecimiento comercial, imponía una suma de 5 pesos por cada kilogramo de ganado. Se le investiga por extorsión agravada, por amenazar con privar de la vida a una víctima si se negaba a comprar carne con él o si adquiría productos de otros proveedores.
  • Bernardo Alejandro “N”: Capturado el 22 de julio en colaboración con la Fiscalía de Quintana Roo. Se le identifica como el encargado, por parte del grupo criminal de Michoacán, de la venta de pollo a comerciantes en Ixtapan de la Sal. Es investigado por extorsión agravada, por amenazar al dueño de un negocio de venta de pollo en mayo de 2025, exigiéndole que solo le comprara a él, bajo la amenaza de causarle daño.

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Impacto de la operación

Se presume que este grupo de individuos detenidos formaba parte de las estructuras de financiamiento del grupo criminal con orígenes en Michoacán, controlando diversos giros económicos a través de la extorsión. Con la “Operación Liberación”, las autoridades buscan desmantelar estas redes y restituir la y la economía de la región del sur del Estado de México.

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