Chalco, Méx.- En un momento decisivo de la etapa intermedia del juicio, la defensa de Carlota “N” y dos de sus hijos, consideró que carece de validez legal uno de los elementos más sensibles del caso: dos armas de fuego que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) pretendía incorporar como prueba del enfrentamiento del 1 de abril de 2025, en el que murieron dos personas y un menor resultó herido.
La audiencia de este jueves, celebrada en los juzgados penales de Chalco, se suspendió precisamente cuando se discutía la legalidad de esas armas. Fue reprogramada por el juez para el 29 de octubre.
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Según Arturo Santana, hijo de Carlota, quien también es su representante legal, las piezas nunca fueron aseguradas en la carpeta de investigación original y carecen de cadena de custodia, por lo que resultan impertinentes conforme al artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

“No saben a quién pertenecían; al no estar aseguradas y no haber una cadena de custodia, creo que es un elemento de prueba que resulta impertinente por parte de la fiscalía y que no debe ser tomado en consideración”, sostuvo el abogado.
La defensa legal de los tres acusados, dijo, fue “muy incisiva”, al cuestionar su incorporación y confía en que el Poder Judicial del Estado de México no permita que aparezcan integradas de manera posterior.
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En la misma diligencia, el equipo legal también ofreció y fundamentó los medios de prueba que presentará en juicio, los cuales serán debatidos por la fiscalía mexiquense y las asesorías de las víctimas en la próxima fecha.

Carlota “N”, de la tercera edad y con padecimientos de salud, enfrenta el proceso bajo prisión domiciliaria. Sus hijos, Mariana “N” y Eduardo “N”, permanecen recluidos en el penal de Chalco, ubicado en la comunidad de Huitzilzingo.
Los tres están acusados de homicidio y homicidio en grado de tentativa por los hechos ocurridos el 1 de abril del 2025 en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en el poblado de La Candelaria Tlapala.
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Ese día la familia acudió a un inmueble de su propiedad que había sido ocupado por varias personas, donde se registró un enfrentamiento armado. La defensa legal de los tres sostiene que actuaron en legítima defensa de su patrimonio y de sus vidas. La vivienda ya fue restituida a la familia por resolución judicial hace unos días.

El caso se encuentra en la etapa intermedia, en la que se define qué pruebas pasarán al juicio oral. “La suspensión de la audiencia, ocurrida en el punto más controvertido, deja abierto el debate sobre la validez de las armas, que es uno de los ejes centrales de la acusación”, comentó Arturo Santana.
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