Cuautitlán, Mex. Un juez de control decidió vincular a proceso a Omar “N”, por su probable participación en el delito de extorsión cometida en contra de un comerciante del municipio de Tultitlán; además lo investigan por la muerte del exdiputado local Francisco Rojas Cano.
Al “Pancho Loco”, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lo tiene identificado como un generador de violencia y como líder de un grupo delictivo con presencia en municipios del Valle de México.
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Omar "N" fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán. Foto: Especial
Y sobre la indagatoria de extorsión, la FGJEM señala que este sujeto, junto a su hijo Brayan Omar “N”, el pasado 2 de febrero exigió dinero a una comerciante de la colonia La Libertad, en Tultitlán, y se ostentó como integrante de una organización criminal de Jalisco.
A la mujer trabajadora de un negocio de venta de alimento le entregaron una hoja con un número telefónico al cual le indicaron que debía comunicarse. Y para el 28 de febrero pasado, Omar “N” y su hijo regresaron para amenazar con arma de fuego para exigir el dinero.
Posteriormente, la mujer los denuncio, ya que regresaron el 10 de marzo para volver a pedir el dinero a cambio de no causarle daño, por lo que la Fiscalía mexiquense inició una investigación de los hechos, cumplimentando una orden de aprehensión en contra de Omar “N”.
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La Fiscalía de Justicia del Edomex relaciona a varios sujetos con el homicidio del exdiputado Francisco Rojas Cano / Foto: Especial
Al sujeto lo ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán y su hijo Brayan Omar “N”, también fue arrestado hace unos días y fue vinculado a proceso por la misma extorsión en contra de la comerciante de Tultitlán.
A Omar “N” alias el “Pancho Loco”, también lo investigan por el homicidio del exdiputado local del PAN-PRI-PRD, Francisco Rojas Cano, a quien le habría disparado al interior de las oficinas del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) en Cuautitlán, el pasado 30 de enero.
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La autoridad judicial fijó el plazo de un mes para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva.
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