Chimalhuacán, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) aseguraron un inmueble que operaba como Centro de Rehabilitación "Anexo" ubicado en , luego de que el pasado 27 de mayo se registró el homicidio de un hombre que se encontraba interno en ese lugar.

Ese día, policías municipales de Chimalhuacán fueron alertados sobre una persona sin vida al interior de un inmueble que funcionaba como "Anexo", al llegar el encargado identificado como Luis Enrique "N", comentó que la víctima se cayó mientras se bañaba, por lo que lo auxiliaron y lo dejaron en observación, pero perdió la vida por lo que la FGJEM inició la investigación correspondiente.

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Elementos de la fiscalía mexiquense acudieron al sitio ubicado en la colonia Jardines de San Agustín, en donde se encontraban 23 personas en internamiento, quienes fueron reintegradas a sus familiares.

El Centro de Rehabilitación ubicado en la colonia Jardines de San Agustín, Chimalhuacán, quedó asegurado por la fiscalía tras el crimen. Foto Especial
El Centro de Rehabilitación ubicado en la colonia Jardines de San Agustín, Chimalhuacán, quedó asegurado por la fiscalía tras el crimen. Foto Especial

Las indagatorias determinaron que el 23 de mayo, dos sujetos, entre ellos Luis Enrique "N" habrían golpeado a la víctima.

Estos mismos hechos se repitieron el 27 de mayo, cuando los supuestos encargados del lugar agredieron nuevamente a la víctima y obligaron a dos internos a amarrarla de pies y manos para luego trasladarla a la , lugar en donde se dieron cuenta que ya no contaba con signos vitales.

La FGJEM n solicitó y obtuvo de una juez una orden de cateo, mandamiento judicial que fue cumplimentado el pasado 30 de mayo, día en el que se localizaron diversos indicios y se constataron condiciones que representan un riesgo para la seguridad y salud de las personas usuarias por lo que fue aseguró el lugar.

Luis Enrique “N” y Juan Carlos “N” fueron capturados y enfrentan una pena de hasta 70 años de prisión por el homicidio del interno. Foto Especial
Luis Enrique “N” y Juan Carlos “N” fueron capturados y enfrentan una pena de hasta 70 años de prisión por el homicidio del interno. Foto Especial

Elementos de la fiscalía estatal detuvieron a Luis Enrique "N", quien fue ingresado al de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de un juez, quien determinará su situación legal.

Otro sujeto identificado como Juan Carlos "N" también fue detenido por su posible relación con estos hechos. De ser encontrados responsables podrían alcanzar una sentencia de hasta 70 años.

La FGJEM investiga además el posible delito de abuso sexual en agravio de internos.

La Fiscalía mexiquense ha asegurado 53 anexos en el estado por operar sin certificaciones y ejercer violencia física contra los internos. Foto Especial
La Fiscalía mexiquense ha asegurado 53 anexos en el estado por operar sin certificaciones y ejercer violencia física contra los internos. Foto Especial

Del 1 de julio de 2025 al 22 de marzo de 2026, la fiscalía inició 152 expedientes de investigación por la probable comisión de diversos delitos como , extorsión, privación de la libertad, desaparición, trata de personas, abuso sexual y lesiones, todos ellos relacionados con inmuebles que funcionan como "Anexos".

Además de acuerdo con la "Estrategia Integral para la Prevención y el Adecuado Tratamiento de las Adicciones", en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, se realizaron acciones operativas, de inspección y verificación en 94 "Anexos", de estos 53 fueron asegurados por su relación con diferentes ilícitos y 41 más continúan en operación.

Un total de 23 personas que se encontraban internadas en el lugar fueron rescatadas y reintegradas con sus familiares por las autoridades. Foto Especial
Un total de 23 personas que se encontraban internadas en el lugar fueron rescatadas y reintegradas con sus familiares por las autoridades. Foto Especial

Según la FGJEM, se ha constatado que el personal que trabajaba en los lugares asegurados no contaba con certificación para el tratamiento de personas con algún tipo de adicción, también carecían de permisos de funcionamiento y se detectaron "cuotas" excesivas que se cobraban a los familiares.

También se pudo establecer que, de algunos de estos lugares, ejercía violencia física y psicológica en contra de los internos, como "encerrarlos en cisternas", "raparlos" u obligarlos a realizar trabajos manuales, como piñatas, supuestamente para obtener recursos económicos para el funcionamiento de los inmuebles.

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