El sector inmobiliario es, sin duda, uno de los motores económicos más relevantes en México. Su impacto trasciende la compraventa de inmuebles: articular cadenas productivas completas que incluyen construcción, financiamiento, desarrollo urbano, servicios notariales y generación de empleo.

Se estima que esta industria aporta cerca del 10 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. En entidades como el Estado de México, caracterizadas por su alta densidad poblacional y dinamismo urbano, el movimiento económico derivado de los bienes raíces representan miles de millones de pesos al año. Cada operación inmobiliaria no solo implica una transacción, sino la movilización de recursos, decisiones patrimoniales y, en muchos casos, el patrimonio completo de una familia.

Por ello, no es exagerado afirmar que el sector inmobiliario es estratégico. Su correcto funcionamiento impacta directamente en la estabilidad económica, la confianza del consumidor y atracción de inversión.

Sin embargo, frente a este peso económico, existe una contradicción evidente: una parte importante del mercado sigue operando sin una regulación efectiva.

En el Estado de México, la licencia inmobiliaria, emitida por la autoridad estatal, representa un avance significativo hacia la profesionalización del sector. Reconoce que la intermediación inmobiliaria requiere conocimientos técnicos, jurídicos y éticos, y que no puede quedar en manos de la improvisación.

No obstante, hoy enfrentamos un problema estructural: la ley existe, pero no cuenta con mecanismos de sanción claros y aplicables. En términos prácticos, esto genera un incentivo negativo. Mientras algunos profesionales invierten en capacitación, certificaciones y cumplimiento normativo, otros operan sin regulación alguna, sin enfrentar consecuencias reales. Esto no solo crea competencia desleal, sino que debilita la credibilidad de todo el sector.

Las implicaciones son profundas. La falta de regulación efectiva abre la puerta a malas prácticas: operaciones sin certeza jurídica, asesoría deficiente, errores en la estructuración de contratos e incluso fraudes. Además, el sector inmobiliario es considerado una actividad vulnerable en materia de prevención de lavado de dinero, por lo que la ausencia de control sobre los intermediarios representa un riesgo adicional para el sistema económico.

En este contexto, la profesionalización no puede ser opcional. Organismos como la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios han impulsado estándares, certificaciones y capacitación continua, elevando el nivel del sector. Sin embargo, estos esfuerzos requieren acompañamiento institucional para generar un impacto real.

Aquí es donde la coordinación se vuelve fundamental. La autoridad estatal, el Colegio de Notarios del Estado de México y los organismos empresariales deben trabajar de manera conjunta para fortalecer la aplicación de la norma. No se trata de imponer, sino de coadyuvar a la construcción de un mercado más ordenado, transparente y profesional.

Para lograrlo, es necesario avanzar hacia una regulación efectiva: establecer consecuencias claras para quienes operen sin licencia, vincular la acreditación a procesos clave, como operaciones notariales o plataformas inmobiliarias, y fomentar una cultura de legalidad donde el propio consumidor exija trabajar con profesionales certificados.

El costo de no hacerlo es alto: pérdida de confianza, incremento de fraudes y debilitamiento de un sector clave para la economía.

La licencia inmobiliaria es, sin duda, un paso en la dirección correcta. Pero para que

cumpla su propósito, debe trascender del papel a la práctica. Porque en un sector que mueve patrimonio, inversión y futuro, las reglas no solo deben existir: deben cumplirse.

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