En México, emprender de manera formal sigue siendo un acto de resistencia. A pesar del discurso oficial, la realidad para muchos pequeños empresarios es que las instituciones les dan la espalda. Toluca no es la excepción: la falta de programas eficaces, la permisividad hacia la informalidad y la corrupción configuran un entorno donde crecer dentro de la legalidad parece un castigo.
Uno de los sectores más invisibilizados es el de los estacionamientos formales, negocios pequeños, nobles, que dan empleo y servicio… allí hemos vivido nuestro viacrucis cientos de empresarios.
Mientras nuestros negocios cumplen con normas, pagos y licencias, gran parte de sus competidores operan al margen de la ley, no es un secreto que una porción significativa de los estacionamientos en el Estado de México carece de permisos o violan normativas básicas. Esta competencia obliga a quienes sí cumplen a operar en desventaja, sin incentivos ni protección institucional.
La economía informal representa cerca del 23% del PIB nacional y genera más del 55% del empleo, pero su contribución al gasto público es marginal. En Toluca, el crecimiento del comercio informal sigue creciendo en puntos clave como el centro histórico, la Terminal y el Mercado Juárez. Esta expansión impacta en las ventas de negocios establecidos, que reportan pérdidas de hasta 50% debido a esta competencia desequilibrada.
En tanto, la burocracia local y estatal se mantiene como una traba constante. Obtener licencias de funcionamiento, cumplir regulaciones sanitarias o atender requerimientos administrativos implica procesos largos, caros y muchas veces opacos. Aunque el Plan de Desarrollo Municipal 2025–2027 promete impulsar la formalidad y combatir la corrupción, estas promesas siguen siendo eso… promesas.
La corrupción sigue presente en múltiples niveles, la contratación discrecional continúa, un ejemplo claro son los parquímetros virtuales, implementados sin consulta pública ni transparencia, decisiones unilaterales que afectan al sector formal, generando pérdidas y desconfianza.
El problema es económico, pero también social: el desorden vial es evidente cuando la calle se usa como estacionamiento, ocasionando caos, accidentes e inseguridad.
Sin embargo, los esfuerzos regulatorios siguen enfocándose en negocios establecidos, con operativos que sancionan supuestas faltas menores, mientras decenas de espacios informales operan sin consecuencia alguna.
La situación desalienta la inversión, en especial entre mujeres empresarias, que enfrentan una doble barrera: la omisión institucional y las redes informales que dominan gran parte del entorno económico local.
Resulta paradójico que, siendo Toluca la segunda economía con más unidades económicas del país, según datos del INEGI, las autoridades municipales y estatales no establezcan un diálogo constante con el empresariado formal a menos que surjan protestas lo que deriva en una respuesta tardía e insuficiente.
Frente a este panorama, es urgente exigir medidas concretas y sostenidas: impulso real a la formalidad, mediante incentivos fiscales, capacitación y procesos administrativos accesibles; ordenamiento del comercio informal, con acciones firmes y permanentes; gobernanza transparente, basada en participación ciudadana y rendición de cuentas verificable; y políticas para mujeres empresarias, que reconozcan su papel en la economía local y eliminen barreras estructurales.
La informalidad no solo erosiona el mercado: también perpetúa desigualdades y deteriora el tejido económico y social. Si las autoridades continúan eludiendo su responsabilidad, la corrupción seguirá permeando programas y contratos, y la burocracia seguirá frenando a quienes apuestan por la legalidad.
Toluca necesita mucho más que planes en papel. El desarrollo económico debe dejar de ser un eslogan y convertirse en una política viva, incluyente y con resultados medibles.
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