En México, cumplir la ley se ha convertido en una desventaja competitiva, mientras miles de empresarios pagan impuestos, cuotas patronales, licencias, seguridad social y regulaciones laborales, buena parte de la economía opera fuera del radar fiscal y regulatorio.
De acuerdo con datos recientes del INEGI, la economía informal representa 25.4 por ciento del PIB nacional, es decir, uno de cada cuatro pesos que se generan en el país proviene de actividades fuera de la formalidad.
Desde la perspectiva empresarial, la informalidad no es solamente un fenómeno social asociado a la pobreza o al autoempleo, también es una competencia desigual que castiga a quienes sí cumplen con sus obligaciones.
Un negocio formal enfrenta costos laborales, fiscales y administrativos que pueden representar entre 30 y 40 por ciento adicionales sobre su operación, en contraste, muchos comercios informales pueden ofrecer precios más bajos simplemente porque no pagan impuestos, no registran empleados y no cumplen normas sanitarias o de protección civil.
No es casualidad que el propio INEGI identifique al comercio como una de las actividades con mayor peso dentro de la informalidad, este fenómeno va más allá de la competencia desleal o falta de piso parejo del que se habla en diferentes sectores, no solo en el comercio que es la arista más visible del problema.
La informalidad reduce la recaudación fiscal y limita la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, seguridad y servicios públicos, paradójicamente, quienes terminan sosteniendo una mayor parte de la carga tributaria son las empresas cautivas del sector formal, en otras palabras: el empresario formal subsidia indirectamente al sistema.
Además, la informalidad frena la productividad nacional, una economía donde predominan micronegocios sin acceso a financiamiento, capacitación o tecnología difícilmente puede crecer de manera sostenida.
México enfrenta desde hace años un problema estructural de bajo crecimiento económico, y la expansión de la informalidad es parte de esa explicación, En 2024, el crecimiento económico nacional fue apenas de alrededor de 1.2 por ciento, uno de los peores desempeños desde la pandemia.
Los organismos integrantes de Concaem pugnamos por la formalización del pequeño comerciante o trabajador ambulante, porque sabemos que la informalidad muchas veces es consecuencia de la falta de oportunidades y del escaso crecimiento económico, sin embargo, tampoco puede ignorarse que mantener un país donde más de la mitad de la población ocupada trabaja en condiciones informales debilita el desarrollo nacional y castiga a quienes sí apostamos por la legalidad.
México necesita una estrategia distinta, no basta con fiscalizar más; hace falta simplificar la formalidad, reducir cargas burocráticas, facilitar el acceso al crédito, incentivar la contratación formal y disminuir costos regulatorios podría hacer más atractivo cumplir la ley que evadirla
Porque mientras ser formal siga siendo más caro que ser informal, el país continuará premiando la evasión y castigando la productividad y en esa contradicción, los empresarios formales seguirán pagando el impuesto invisible de competir en desventaja dentro de su propio mercado.
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