El 4 de marzo de 2026, la Presidenta de la República presentó ante la Legislatura Federal su propuesta de reforma electoral la cual incluyó sólo una parte de lo que originalmente anunció, dejando fuera temas que son estratégicamente importantes para su proyecto de gobierno.
Al conocerse la propuesta oficial, el debate público se centró en la disminución de los dineros para los procesos electorales con la eliminación de la lista de senadores plurinominales y en la nueva forma de elegir los doscientos diputados de representación proporcional.
Pero muy poca atención se puso a lo que por voluntad presidencial se excluyó en esta iniciativa y que son temas fundamentales en su estrategia político-electoral como la consulta sobre revocación de mandato; el rediseño de la estructura de los órganos electorales y el aplazamiento de la elección de personas juzgadoras.
Estos últimos temas de haberlos incluido, podrían haber sido contaminados por los primeros que son mal vistos y rechazados por la oposición y por sus aliados, perdiendo de esta forma la posibilidad de incluirlos en una propuesta de reforma a las leyes secundarias correspondientes.
La votación del Proyecto de Dictamen en el seno de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados el pasado
El 10 de marzo, fue de 45 votos a favor y 39 votos en contra; quedó pendiente su discusión y aprobación en el Pleno de San Lázaro. El día 11 de marzo en la Cámara de Diputados, la propuesta de reforma electoral registró 259 votos a favor, 234 votos en contra y una abstención, por lo que la propuesta no alcanzó la mayoría calificada.
Queda claro que la no aprobación de la reforma electoral constitucional no puede ser leída sólo en claves de derrota, en breve, estaremos conociendo los ajustes en las respectivas leyes secundarias en materia electoral, las cuales solo requieren de mayoría simple para ser aprobadas. También quedó muy claro que en ciertas coyunturas se pueden tomar caminos distintos, pero las alianzas se volverán a retomar; veremos nuevamente la fortaleza de la fracción mayoritaria y sus aliados.
La siguiente tarea es la configuración del llamado Plan B, que ya anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum, va en el sentido de disminuir lo que llamó “los privilegios que persisten en los congresos locales y en los municipios”; y al mismo tiempo “fortalecer la consulta popular”; de los primeros, el planteamiento es que se puedan establecer topes máximos a los Congresos en los estados y al Senado de la República, así como la disminución del número de regidores en los ayuntamientos de todo el país. De las consultas populares la propuesta es que la revocación de mandato se realice en el tercero o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o en 2028, además de que se permitan en dichas consultas algunos temas electorales.
La ruta inicial nuevamente está trazada, los acuerdos y las alianzas volverán a tejerse para impulsar y aprobar éstas y otras propuestas en materia electoral.
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