La Universidad Autónoma del Estado de México enfrenta su crisis más profunda en décadas. El martes 15 de julio, la votación para elegir rectora podría resolver meses de parálisis institucional, pero el desenlace depende de actores cuyas identidades y motivaciones permanecen en las sombras.
El conflicto escaló tras el audio que se hizo viral y desencadenó la renuncia del rector Carlos Barrera y el retiro de la candidatura de Eréndira Fierro. Las autoridades universitarias han respondido a las demandas estudiantiles con concesiones significativas: modificación del estatuto universitario para otorgar doble voto a los alumnos, creación de colegios electorales independientes y cambios normativos para proteger el derecho a la protesta.
Sin embargo, el Enjambre Universitario se resiste a terminar el paro, manteniendo posiciones que trascienden el ámbito universitario. Sus nuevas demandas requieren procesos legislativos y decisiones presupuestales federales que escapan a la competencia universitaria local. Las nuevas demandas del pliego petitorio genera interrogantes sobre los verdaderos objetivos del movimiento.
La opacidad de los liderazgos estudiantiles complica las negociaciones. Los rostros cubiertos impiden identificar a los tomadores de decisiones reales, creando incertidumbre sobre si se negocia con universitarios legítimos o con actores externos que utilizan el conflicto para sus propios fines.
Este martes 15 será determinante. Si el Enjambre permite la votación y respeta resultados, validará la efectividad de su presión para democratizar el proceso y probarán que su movimiento era necesario, indispensable para cambiar las condiciones irregulares de la contienda, y que ahora, gracias al Paro, se puede elegir rectora en igualdad de circunstancias, privilegiando la democracia y la voluntad de la mayoría de los universitarios.
Si la obstaculiza, evidenciará que sus objetivos trascienden la reforma universitaria hacia la desestabilización institucional.
Las cinco candidatas a la rectoría firmaron un acuerdo de respeto mutuo al resultado. La comunidad universitaria ha ganado espacios de participación democrática inéditos. El proceso electoral cuenta con mecanismos de transparencia reforzados y nuevos contrapesos que impiden la manipulación del proceso.
No obstante, el costo institucional ha sido elevado. Meses de parálisis académica, instalaciones tomadas y clases suspendidas han afectado a miles de estudiantes que buscan continuar su formación. El prestigio institucional, construido durante décadas, enfrenta un deterioro que requerirá años para revertirse y volverse a posicionar entre el sector privado y público como una universidad de prestigio y calidad.
La votación del martes definirá no sólo quién dirigirá la UAEMEX, sino qué modelo de gobernanza universitaria prevalecerá: el diálogo institucional o la imposición mediante la fuerza. El prestigio de una de las universidades más importantes del país está en juego.
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