La nueva ley federal de telecomunicaciones tiene al menos tres grandes riesgos que conviene ubicar en su contexto e impacto.
El primero de ellos es la CURP con datos biométricos. Si bien, necesitamos una identificación oficial desde hace décadas, que elimine la necesidad de identificarnos con pasaporte, licencia, RFC y demás, el que esta identificación integre datos personales es un riesgo.
Sobre todo porque es costumbre del Estado mexicano no invertir en tecnología de información. Para esta CURP biométrica requiere una infraestructura computacional que pueda mantener y actualizar datos de más de 140 millones de personas y que puedan protegerse de los hackers. Dado su malo historial en ciberseguridad donde son hackeados los militares - Guacamaya Leaks - hasta las páginas del gobierno federal como Compranet, esto es un riesgo claro.
Un segundo gran riesgo es que los datos personales de los usuarios de telefonía celular, desde su ubicación hasta su identidad deberán ser compartidos por las operadoras a la autoridad. Sin duda es una señal de alerta sobre el control político que puedan hacer con esa información. Sobre todo en un país donde la aplicación del estado de derecho es cuestionable y la violación de los derechos humanos es constante. Sin contar con que esta ley carece de un contrapeso legal que la regule, controle e impida el mal uso de los datos por parte de las fuerzas armadas. Esto ocurre en México desde 1968, con la dirección federal de seguridad (DFS) con Gutiérrez Barrios ya intervenía teléfonos. Con Enrique Peña y con AMLO el uso del software pegasus tenía registrados a más de 15 mil mexicanos "espiados" por cuestiones políticas y de seguridad nacional.
Muchos de los escándalos políticos producto de grabaciones políticas se obtuvieron con estos mecanismos. Esta ley oficializa lo que ya se vine haciendo de manera ilegal.
Un tercer riesgo es la capacidad del estado para suspender programas de radio y televisión por violar los derechos de audiencia, es decir, aprobar y justificar la censura según el criterio de la Secretaría de Gobernación. Lo cual pudiera derivar incluso en "apagones de internet" cuando los comentarios no sean favorables a la ideología gubernamental o los intereses políticos de la autoridad.
La falta de un contrapeso legal y político que impida un abuso de esta cláusula permite que la censura llegue en cualquier momento.
Estos tres riesgos son los elementos clave para limitar un estado democrático que garantice libertades de información y de expresión en las sociedades; abriendo la puerta a un estado autoritario e incluso dictatorial. Tal vez tengamos que regresar a la comunicación usada en los tiempos de la resistencia francesa contra los nazis, donde todo era boca a boca. ¿El fin de la tecnología o el regreso de la represión?
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