El internet es global, pero nuestros datos viajan sin pasaporte ni fronteras. Mientras confiamos en la nube para trabajar, comprar o comunicarnos, pocas veces pensamos en quién controla esa infraestructura invisible. Y ahí surge una pregunta clave: ¿a quién pertenecen realmente nuestros datos?
Estamos tan acostumbrados a usar internet que desconocemos quiénes son los intermediarios que llevan la información de un lado a otro. La conexión es tan rápida y transparente que no advertimos que, en la mayoría de los casos, los datos terminan en servidores fuera de nuestro país. Creemos que se usan de manera local, pero en realidad se mueven globalmente.
Internet es un fenómeno que trasciende fronteras, y solo China ha logrado imponer restricciones significativas tanto en el uso como en el acceso, limitando la entrada y salida de datos desde su territorio. Europa enfrenta otro desafío: allí tres proveedores, Microsoft, Amazon y Google, concentran el 72 por ciento del mercado de servicios en la nube. Estas empresas, llamadas hiperescaladoras, administran infraestructuras globales con millones de servidores que ofrecen cómputo, almacenamiento y redes a escala planetaria.
En este contexto, resulta inevitable preguntarse: ¿dónde queda la soberanía de nuestros datos cuando accedemos a estos servicios? ¿Podemos hablar de independencia digital si dependemos casi por completo de servidores extranjeros?
El debate en torno a la soberanía digital apenas comienza a tomar fuerza en las discusiones sobre inteligencia artificial y regulación tecnológica. El concepto puede abordarse desde ángulos técnicos, políticos o culturales, pero en esencia significa la capacidad de un Estado para decidir y hacer cumplir reglas sobre sus datos, infraestructuras y servicios digitales sin depender de actores externos cuyas leyes pueden imponerse por encima de las locales.
Esto plantea dos grandes efectos. Leyes extraterritoriales. Aún no existen regulaciones globales que protejan los datos de forma uniforme. El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) europeo fue un primer esfuerzo, pero también entra en tensión con la soberanía digital, ya que permite que empresas extranjeras almacenan información sensible en nubes foráneas.
Localización de datos. Un sitio web en Rusia puede alojar contenidos ilícitos que, aunque perseguidos en otro país, escapan a la jurisdicción extranjera. Este fenómeno, usado como argumento de seguridad nacional, al mismo tiempo debilita la ciberseguridad y limita la cooperación internacional.
El debate sobre la soberanía digital se extiende hacia otros frentes: desde la infraestructura tecnológica como posible “campo de batalla” hasta la soberanía de los chips. Lo que está en juego no es solo el control de servidores o regulaciones aisladas, sino la autonomía de los países en la economía y la seguridad digital del futuro. Seguimos con este tema en la próxima entrega.
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