Más de 110 millones de mexicanos usan internet, y cerca de 93 millones están activos en redes sociales, de acuerdo con datos de Meltwater y We Are Social. La conexión digital es amplia: el 92 % utiliza WhatsApp, seguido de Facebook e Instagram. Sin embargo, este crecimiento vertiginoso también ha traído consigo nuevos riesgos: ciberacoso, robo de datos, desinformación y adicción. Ante este panorama, surge una pregunta clave: ¿deben los gobiernos protegernos de las redes o regular a las plataformas?
En México, las acciones públicas se despliegan en tres niveles —federal, estatal y municipal— pero con resultados desiguales. A nivel federal, el primer intento formal de regulación apareció en 2022, cuando la Cámara de Diputados presentó un documento de análisis sobre la posible creación de una ley para redes sociales. No obstante, la iniciativa se ha quedado en pausa legislativa. Mientras tanto, otros países avanzan con pasos firmes: en Australia, por ejemplo, se discute una ley que prohíbe el acceso a redes a menores de 16 años. La propuesta incluye multas de hasta 33 millones de dólares para las empresas que incumplan y sanciones para padres e hijos que violen la norma. Además, exige la verificación de edad mediante una identificación oficial.
A nivel estatal, los esfuerzos se concentran en la educación y la prevención. En el Estado de México, la campaña “En redes, no te enredes” busca fomentar el uso responsable y denunciar delitos digitales. Esta iniciativa complementa la Ley Olimpia, que penaliza la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. En Querétaro, la Ley Kuri, aprobada en 2025, tipifica el grooming digital con penas de tres a seis años de prisión y restringe el uso de celulares en escuelas, salvo con fines educativos. En Puebla, la Ley de Ciberasedio, publicada en junio del mismo año, amplía la protección contra el acoso digital, el espionaje y la manipulación en línea.
En contraste, a nivel municipal no existen políticas activas sobre el uso o abuso de redes sociales. Algunos países han sido más audaces: en Estados Unidos, ciudades como Nueva York han prohibido el uso de TikTok en dispositivos oficiales, mientras que en el Reino Unido se promueven guías locales contra la desinformación enfocadas en alfabetización y verificación, más que en sanciones.
A pesar de los esfuerzos dispersos, México sigue rezagado en la construcción de una estrategia nacional coherente sobre redes sociales. La respuesta institucional continúa siendo tímida frente al ritmo de transformación digital. No se trata solo de proteger a los usuarios, sino de crear un entorno digital más ético, transparente y seguro.
México enfrenta una encrucijada digital: actuar con valentía legislativa o seguir improvisando respuestas fragmentadas. Australia nos enseña que es posible, Querétaro demuestra que hay voluntad. Falta solo presión ciudadana para convertir la protección digital de privilegio estatal en derecho nacional.
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