La violencia que estremeció el centro de Toluca el pasado 2 de octubre no fue una simple protesta. Lo que vimos fue la irrupción de grupos ajenos a la comunidad académica, decididos a sembrar caos y dividir a una sociedad que apenas recupera el orden.
Los hechos de aquel día demostraron dos realidades que no podemos ignorar. La primera es la presencia de un grupo de choque conocido como “bloque negro”, cuya actuación se ha vuelto recurrente en marchas y manifestaciones, tanto en Toluca como en la Ciudad de México. Estos grupos, integrados por agitadores profesionales, no buscan reivindicaciones legítimas, sino desestabilizar instituciones y vulnerar la seguridad pública. La segunda realidad es que la mayoría de los estudiantes universitarios no participaron en esos actos violentos, pues se encontraban en las aulas retomando sus actividades académicas después del paro.
Desconozco el origen y el financiamiento de estos llamados “bloques negros”, pero sus acciones revelan una estrategia organizada, capaz de infiltrarse en movimientos sociales con el fin de provocar enfrentamientos, generar miedo y debilitar la confianza ciudadana. Como toluqueño y como universitario, celebró la reacción de las autoridades y la consignación inmediata de quienes destruyeron propiedad pública y privada. Esa respuesta, era necesaria para proteger los espacios universitarios.
No obstante, aún queda la pregunta: si la mayoría de las facultades ha retomado sus labores docentes, ¿Quién mantiene tomado el edificio de Rectoría? Muchos de los grupos estudiantiles que iniciaron las protestas han vuelto a las aulas porque varias de sus demandas fueron atendidas. Otros continúan su lucha desde el trabajo académico, entendiendo que la protesta no es sinónimo de violencia. Por ello, resulta legítimo cuestionar si quienes hoy ocupan la Rectoría siguen siendo estudiantes universitarios o si responden a intereses particulares.
Parecen formar parte de grupos externos que buscan aprovechar el conflicto para imponer su narrativa y debilitar la autoridad institucional. En ese contexto, la ocupación prolongada del edificio universitario deja de ser un acto de protesta para convertirse en una toma ilegítima que atenta contra la autonomía universitaria.
El edificio de la Rectoría no es una simple construcción administrativa. Es un monumento histórico y un emblema de la ciudad de Toluca, testigo del crecimiento cultural y académico por generaciones.
Recuperar la Rectoría no significa reprimir, sino restablecer el orden y proteger el patrimonio común. La universidad necesita volver a ser un espacio de diálogo y conocimiento, no un territorio secuestrado por intereses oscuros.
La Rectoría no puede seguir secuestrada. Es tiempo de que la comunidad universitaria y la ciudadanía toluqueña levanten la voz. No con gritos ni piedras, sino con presencia, argumentos y convicción. Que las calles vuelvan a llenarse, pero esta vez de respeto y de propósito. Marchar por la recuperación de la Rectoría es defender la memoria de nuestra universidad y el futuro que nos pertenece. Es hora de volver a casa.
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