A un año de la presidencia de Claudia Sheinbaum, México estrenó un experimento institucional inédito: la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Esta “supersecretaría” fusiona en un solo organismo la agenda de gobierno digital con la regulación de las telecomunicaciones, una combinación que promete eficiencia y soberanía tecnológica, pero que también abre la puerta a riesgos de concentración de poder y censura.En esta entrega analizó el tema comparando con el de Reino Unido.
La ATDT, creada en noviembre de 2024 e instalada formalmente en enero de 2025, forma parte de las llamadas Unidades Digitales de Gobierno, oficinas encargadas de impulsar la modernización tecnológica de la administración pública. Su objetivo es mejorar la experiencia del usuario ciudadano, agilizar procesos, promover el uso de código abierto y fomentar la toma de decisiones basadas en datos. Hasta aquí, la iniciativa parece alineada con las mejores prácticas internacionales.
La innovación mexicana, sin embargo, radica en la fusión de competencias: junto con la digitalización gubernamental, la ATDT absorbió funciones estratégicas como la regulación del espectro radioeléctrico, la supervisión de medios públicos y la administración de servicios postales y satelitales. Esta decisión ha sido interpretada como disruptiva y, para algunos críticos, incluso polémica.
Entre las ventajas, la centralización puede reducir costos al eliminar duplicidades, unificar presupuestos y coordinar políticas digitales en un solo organismo. Además, otorga autonomía técnica al Estado frente a proveedores extranjeros, favorece el desarrollo de software público y refuerza la soberanía tecnológica. El ciudadano podría beneficiarse de trámites más ágiles y servicios unificados bajo un mismo estándar de calidad.
Pero las desventajas no son menores. La ATDT concentra áreas muy diversas —datos abiertos, telecomunicaciones, compras públicas de tecnología, ciberseguridad, satélites y correos— lo que genera riesgo de sobrecarga operativa y pérdida de eficiencia. Más delicado aún: al regular los medios públicos y controlar el espectro, la agencia compromete su independencia y acumula un poder que podría utilizarse para censura o restricciones indebidas a la libertad de expresión. Aunque estas prerrogativas no se han ejercido hasta ahora, su sola existencia plantea la posibilidad de abuso.
En contraste con el caso del Reino Unido el Government Digital Service (GDS) es revelador. Creado en 2012, el GDS unificó los servicios en línea del Estado británico bajo el portal GOV.UK, eliminando cientos de sitios redundantes y estableciendo estándares de diseño centrado en el usuario. Su éxito se debe a su independencia: reporta directamente al Cabinet Office, con respaldo político, pero sin funciones regulatorias de telecomunicaciones. Esta separación le permitió innovar sin acumular un poder excesivo.
La lección británica es clara: la digitalización efectiva requiere respaldo político, pero también equilibrio institucional. Estamos en el primer año de esta Agencia seguro nos esperan más sorpresas el resto del sexenio.
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