Dos veredictos judiciales en Estados Unidos acaban de sacudir los cimientos de las grandes plataformas digitales. Por primera vez, jurados ciudadanos han condenado a Meta y Google por lo que sus algoritmos hacen a los menores de edad. Lo que ocurrió la semana pasada en los tribunales de Nuevo México y Los Ángeles no es solo una noticia legal: es una advertencia para el mundo.
El primer caso, resuelto el 25 de marzo de 2026 por un jurado en Santa Fe, Nuevo México, tuvo como eje la seguridad infantil, el engaño al consumidor y la explotación sexual. El jurado encontró a Meta responsable de engañar a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas y de poner en peligro a los menores. La multa de 375 millones de dólares en penalidades civiles, reportada por Reuters, corresponde a 75 mil violaciones penalizadas con 5 mil dólares cada una, bajo la Ley de Prácticas Desleales del estado.
Lo más revelador del caso no es la multa, sino lo que los documentos internos de la empresa revelaron durante el juicio. Los mensajes internos de empleados de Meta discutían cómo la decisión del CEO Mark Zuckerberg de cifrar Facebook Messenger en 2019 impactaría la capacidad de reportar a las autoridades millones de casos de material de abuso sexual infantil. Es decir, Meta no solo sabía que sus plataformas facilitaban el contacto entre depredadores y menores: tomó decisiones de diseño que lo agravaron.
El segundo veredicto, emitido un día después en el Tribunal Superior de Los Ángeles, se centró en el diseño adictivo y el daño a la salud mental. La demandante, identificada como "Kaley", comenzó a usar YouTube a los seis años e Instagram a los nueve, alegando que las plataformas la llevaron a sufrir ansiedad, dismorfia corporal, una alteración de la percepción del propio cuerpo, y depresión.
El jurado determinó que Meta y Google fueron negligentes en el diseño y operación de sus plataformas, y que las empresas sabían que sus productos podrían tener efectos adversos en los menores sin advertirlos.
Estos veredictos son una buena noticia, pero no son suficientes. Porque Meta y Google no están obligadas a aplicar los mismos cambios en el resto del mundo, donde continúan operando sin restricciones para los menores. Mientras tanto, la pornografía infantil y el tráfico de menores siguen creciendo en estas plataformas.
Por ello, la llamada a que los niños del mundo (y sus familias) se unan en contra de estas empresas, dejando de usar plataformas es urgente.
Los tribunales han hablado, pero las sentencias no viajan solas de un país a otro. La pregunta no es ya si estas empresas son culpables, eso lo decidieron los jurados, sino si los gobiernos del mundo están dispuestos a exigir que paguen el mismo precio en todas partes. México, América Latina y Europa deben observar estos precedentes y actuar: legislar con urgencia, exigir verificación de edad, transparentar los algoritmos y garantizar que ninguna plataforma digital pueda lucrar con la vulnerabilidad de un menor. La infancia no puede esperar al siguiente veredicto.
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