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La batalla global por regular la IA
Continuamos con las aportaciones para regular la inteligencia artificial (IA) en México, ahora desde la mirada internacional. La IA se ha convertido en el recurso estratégico del siglo XXI, y sin embargo el mundo no tiene reglas claras para su uso. Mientras los modelos de lenguaje avanzan a velocidad de vértigo, los marcos regulatorios lo hacen lentamente.
Para entender el desafío regulatorio, debemos partir por entender el uso que ya existe. La comercialización masiva de esta tecnología a través de plataformas como Claude, ChatGPT y Gemini, ha permitido que millones de consumidores tengan acceso inmediato a un tipo específico de inteligencia artificial conocida como IA estrecha: sistemas diseñados para tareas concretas, sin capacidad de razonamiento autónomo. Las leyes para regular esta distribución masiva caen en tres niveles.
El primer nivel es el usuario final. Aquí la regulación es inexistente: ningún país ha logrado promulgar leyes que establezcan responsabilidades claras para los desarrolladores de IA por el impacto de sus herramientas en la población. Lo más cercano han sido los juicios en Estados Unidos contra OpenAI relacionados con adicción tecnológica y los polémicos casos de adolescentes que llegaron al suicidio tras interactuar con chatbots.
El segundo nivel es gubernamental, el caso más ilustrativo de los últimos meses. El 9 de junio de 2026, Anthropic lanzó Claude Fable 5, su modelo más poderoso disponible. Solo tres días después, el Departamento de Comercio de Estados Unidos impidió su comercialización por razones de seguridad nacional.
El caso Fable 5 sienta un precedente histórico: por primera vez, un gobierno aplicó controles de exportación sobre un modelo de IA en producción comercial. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Quién decide qué es demasiado poderoso para ser distribuido, y bajo qué criterios?
El tercer nivel es el más complejo: la regulación global. Los esfuerzos de la ONU para delimitar el desarrollo, el acceso igualitario y el uso ético de la IA han fracasado sistemáticamente. Las potencias con mayor desarrollo tecnológico —en particular China y Estados Unidos— han mostrado voluntad real de ceder soberanía regulatoria. La lógica de la competencia estratégica prevalece sobre la de la gobernanza compartida.
En este contexto, la propuesta que los directores ejecutivos Sam Altman, de OpenAI; Darío Amodei, de Anthropic; y Demis Hassabis, de Google DeepMind, presentaron ante el Grupo de los Siete (G7) en junio pasado, merece un análisis detenido. Los tres líderes propusieron que Estados Unidos encabezara una comisión multilateral que concentrara los esfuerzos de regulación de IA a nivel internacional. La propuesta reconoce que ningún país puede regular esta tecnología de forma aislada. Sin embargo, su debilidad excluye a China, que representa una porción significativa del despliegue mundial de IA. Una regulación que no incluya a Beijing no es global; es un acuerdo occidental con pretensiones universales. Lo que podría acelerar la fragmentación tecnológica del mundo en dos bloques con estándares diferentes.
Bajo este contexto, ¿Qué se puede esperar del caso mexicano? ¿Cómo construir una regulación interna cuando a nivel internacional aún no existe consenso? La respuesta es que México no puede seguir esperando ese consenso como condición previa para actuar. México requiere con urgencia una estrategia nacional de IA que establezca criterios éticos, proteja los datos de sus ciudadanos y fije límites al uso gubernamental y comercial de estas herramientas, independientemente de lo que acuerden —o no— las grandes potencias.
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