En el contexto de una nueva reforma constitucional en materia electoral, resulta importante destacar la experiencia que se ha gestado en los últimos 10 años, desde la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) y la función que tienen los institutos electorales locales en el desarrollo de actividades sustanciales en el ámbito local.
En el sistema democrático en México, los llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), como el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), desempeñan un papel fundamental para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos electorales en cada entidad federativa. Aunque el INE posee atribuciones clave a nivel nacional, la existencia y actuación de los OPL fortalece el principio del federalismo electoral, fomentando la autonomía en la organización de sus procesos democráticos.
Una de las principales diferencias entre el INE y los OPL radica en su ámbito de competencia. El primero en un nivel de actuación nacional y los segundos tienen atribuciones en su entidad federativa (que hablando del Estado de México es fundamental al ser el más poblado del país con más de 13 millones de votantes), llegando incluso a capacitar y brindar los insumos necesarios para elecciones sub-municipales.
El INE posee facultades exclusivas en temas estratégicos como la geografía electoral, el padrón y lista nominal, la capacitación electoral, la fiscalización, la administración de los tiempos oficiales en radio y televisión; también es responsable de emitir los formatos únicos para la producción de documentación y materiales electorales, aunque una vez aprobados éstos, los OPLES desarrollan todas las actividades de producción y distribución hasta su entrega al funcionariado de las mesas directivas de casillas.
Por otro lado, ambas autoridades participan en la organización del voto anticipado, del voto en prisión preventiva y del voto de personas mexicanas residentes en el extranjero, en el respectivo ámbito de su competencia.
En el caso particular de los OPL, su rol se concentra en la organización y supervisión de elecciones locales. Instituciones como el IEEM son las encargadas de organizar los comicios para gubernaturas, diputaciones locales, ayuntamientos y, recientemente, elecciones en los Poderes Judiciales Locales. Su conocimiento del contexto político, social y cultural de su entidad les permite diseñar calendarios, procedimientos y estrategias adaptadas a las necesidades locales, así como coordinarse con el INE en elecciones concurrentes.
Los institutos electorales locales atienden problemáticas específicas que puedan poner en riesgo los derechos político-electorales de la ciudadanía, como la implementación de medidas para garantizar la seguridad de las personas candidatas, el diseño de acciones afirmativas para grupos en situación de discriminación. Aunado a ello, ejercen vigilancia sobre los partidos políticos y candidaturas que participan en los procesos electorales de su entidad y aseguran el cumplimiento de la normativa electoral.
Desempeñan una labor sustantiva en la promoción del voto y la educación cívica. A través de campañas locales y actividades dirigidas a diversos sectores de la población, fomentan la participación ciudadana y fortalecen la cultura democrática en los ámbitos estatal y municipal.
La existencia del IEEM resulta esencial para garantizar que los procesos electorales locales sean organizados y supervisados por un organismo con conocimiento especializado y contextualizado. Gracias a su cercanía con la realidad estatal, comprenden las particularidades políticas, sociales y culturales de la entidad federativa, lo que les permite diseñar e implementar mecanismos más adecuados a las necesidades locales.
Esta función territorializada no solo refuerza la eficacia del sistema electoral, sino que además fortalece el federalismo y la confianza ciudadana en los procesos democráticos. El proceso electoral judicial que acabamos de vivir es muestra de que, desde lo local, surgen mecanismos eficaces y adaptados a la realidad social, para renovar los cargos de elección popular.
Concuerdo en que es necesaria una reforma electoral para revisar a fondo atribuciones que en el devenir de 30 años han quedado superadas, reformular las nuevas atribuciones de los órganos electorales administrativos y jurisdiccionales, incursionar en nuevas formas de votación o analizar la importancia del retorno al federalismo, lo que implica la autonomía a los institutos electorales de los estados.
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