El pasado 23 de marzo, en un ejercicio conjunto entre el IEEM y la UAEMéx, la Dra. Graciela Márquez Colín, Presidenta del Consejo de Gobierno del INEGI; nos recordó que la estadística no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para transformar la realidad. En su Conferencia Magistral "Estadísticas de Género" se presentaron datos que ponen en evidencia desigualdades y brechas que aún afectan el desarrollo y el acceso a los derechos de las mujeres.
Cinco de cada diez mujeres que trabajan, lo hacen en la informalidad y, aun realizando las mismas actividades, perciben en promedio 87 pesos por cada 100 que ganan los hombres. Cerca del 75% de los hombres participa en el mercado laboral y solamente el 45% de las mujeres lo hace. México se mantiene entre los países con menor participación laboral femenina en América Latina. ¿Dónde están las demás? También trabajan, pero en actividades no remuneradas.
Las cifras son contundentes: las mujeres dedican en promedio 39.7 horas semanales al trabajo no remunerado, frente a 18.2 de los hombres; en el Estado de México, 37.7 frente a 16.8. Este desequilibrio no solo evidencia una distribución desigual del tiempo, sino que limita su autonomía económica y su participación pública.
La desigualdad se profundiza con la maternidad. Los ingresos de las mujeres crecen hasta los 39 años y después disminuyen, particularmente a partir del primer hijo. En contraste, los hombres ven incrementos en sus ingresos con la paternidad. Incluso con el mismo nivel educativo, las mujeres ganan sistemáticamente menos, confirmando que el acceso a la educación no ha sido suficiente para cerrar la brecha.
A ello se suma una realidad estructural: en el 77.8% de los hogares hay personas que requieren cuidados para infancias, personas mayores o con discapacidad, y de
cada 100 personas cuidadoras, 75 son mujeres; trabajo, indispensable para la sostenibilidad de la vida, que sigue siendo invisibilizado y no remunerado.
En los espacios públicos, los avances son innegables, pero aún insuficientes. A partir del siglo XX, transcurrieron 53 años para que se reconociera la ciudadanía a las mujeres (incluido el derecho a votar y ser votadas); 121 años para alcanzar la paridad en la Cámara de Diputados y 124 años para que México tenga su primera presidenta. En el ámbito municipal, el número de mujeres en presidencias municipales pasó de 120 en 2010 a 605 en 2024, frente a 1,821 hombres. En el Estado de México, en 2024 se registran 54 presidentas municipales frente a 73 hombres; y, si bien el Congreso local ha alcanzado la paridad —38 mujeres y 37 hombres—, la distribución del poder aún refleja profundas desigualdades.
La evidencia es clara: las mujeres son mayoría en la población, sostienen gran parte del trabajo no remunerado y, sin embargo, enfrentan menores ingresos, menor acceso a oportunidades y difícil acceso a los espacios de decisión.
Por ello, como autoridades electorales, nuestra responsabilidad no se limita a garantizar elecciones libres, sino a promover condiciones de igualdad sustantiva. Toda acción pública necesita información, pero la información no sirve si no se utiliza con sensibilidad. La estadística de género nos muestra dónde estamos; la decisión institucional debe definir hacia dónde vamos.
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