Esta semana trascendió en medios que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral entregó su propuesta de reforma a la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con la información publicada, el proyecto de reforma pondría el acento en los siguientes puntos: 1) legisladores de representación proporcional; 2) reducción del costo de las elecciones; 3) mejora de los procesos de fiscalización; 4) ampliación de la participación ciudadana y del voto de mexicanos y mexicanos en el extranjero.
La titular del Ejecutivo Federal ha mencionado que será la próxima semana cuando, formalmente, se dé a conocer la iniciativa de reforma, aunque admitió que no existe prisa para presentarla. Hasta no conocer el texto de la propuesta enviada por la Presidenta, la información disponible no puede ser considerada como definitiva. Sin embargo, cabe adelantar algunos elementos que deberán ser tomados en cuenta, tanto por legisladores como por la ciudadanía.
En primer lugar, y a pesar de lo que han señalado algunos liderazgos políticos, la reforma electoral debe contar con el acompañamiento de otras fuerzas políticas para ser aprobada, particularmente de los partidos aliados a Morena. Esta realidad incentivará la negociación e, incluso, la concesión de demandas solicitadas por el PVEM y el PT.
Debido a que los legisladores plurinominales representan esencialmente a las minorías políticas, queda la duda del sentido que tome la reforma. Se anticipa complejo que los institutos políticos apoyen modificaciones que les resten peso relativo dentro de las cámaras. Una alternativa viable podría ser la que algunos medios de comunicación han señalado, en el sentido de que, de los 200 legisladores plurinominales de la Cámara de Diputados, 100 serían electos por el principio de primera minoría y los otros 100 por lista nacional. Lo mismo sucedería en el caso del Senado, donde la correlación de fuerzas podría cambiar si el número de senadoras y senadores pasa de 128 a 96, es decir, sólo 3 representaciones por entidad federativa.
En lo que respecta a las autoridades administrativas, la propuesta podría enfatizar los esfuerzos de austeridad. Algunas versiones señalan que se contempla la reducción de consejerías en el Consejo General del INE, la reducción presupuestal, así como la eliminación o fusión de áreas y órganos. Sin duda, existe espacio para el ahorro de recursos y la eficiencia en el gasto público. No obstante, no debe perderse de vista la carga administrativa de las autoridades electorales, amén de las nuevas facultades que se le asignen con motivo de la reforma electoral.
Incrementar la participación ciudadana, el voto de mexicanos en el exterior, reforzar los procesos de fiscalización o controles de seguridad son tareas, todas, que demandarán más recursos, más profesionalización y mejores herramientas tecnológicas. No es que el aumento en las responsabilidades demande por sí mismo un mayor gasto, pero sí un gasto más eficiente.
Finalmente, en donde quizá exista mayor consenso y exigencia ciudadana es en lo relativo a la reducción del presupuesto a los partidos políticos. Una propuesta desde hace años y que parece haber tomado fuerza en estos meses es asignar el presupuesto conforme al porcentaje de votación recibido y no con base en el crecimiento del padrón electoral. Esto además de generar ahorros, tiene el potencial de establecer una estructura de incentivos para que los partidos políticos promuevan la participación ciudadana más allá de su base militante.
Más allá del texto inicial planteado por la comisión presidencial, serán las negociaciones interpartidistas las que podrían imprimir el sentido y alcance de la iniciativa que habrá de presentar próximamente la doctora Claudia Shienbaum.
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En primer lugar, y a pesar de lo que han señalado algunos liderazgos políticos, la reforma electoral debe contar con el acompañamiento de otras fuerzas políticas para ser aprobada.
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