Cada 8 de marzo nos convoca una reflexión necesaria sobre las múltiples formas

de violencia que enfrentamos las mujeres. Algunas son visibles, ocurren en

espacios públicos o privados que la sociedad ha aprendido a reconocer. Otras se

desarrollan en territorios más recientes y complejos: los espacios digitales. Allí,

detrás de una pantalla, la violencia adopta nuevas formas, muchas veces invisibles

para la ley y normalizadas por la dinámica misma de las redes sociales.

La violencia digital se ha convertido en una extensión de las violencias estructurales

que ya existían fuera de internet. No se trata únicamente de insultos o comentarios

agresivos. Incluye el acoso sistemático, la difusión de información personal sin

consentimiento, la manipulación de imágenes, las amenazas, la suplantación de

identidad y, en muchos casos, campañas organizadas de hostigamiento destinadas

a silenciar o intimidar. Estas agresiones suelen multiplicarse cuando las mujeres

participan en espacios públicos de opinión, liderazgo o toma de decisiones.

Cuando una mujer es acosada digitalmente, no enfrenta únicamente a una persona:

puede enfrentar a cientos o miles de perfiles que replican, amplifican o normalizan

la agresión. El objetivo de estas agresiones no es únicamente ofender; es

desalentar la participación, sembrar miedo y expulsar a las mujeres del debate

público. Sin embargo, reconocer el problema no ha sido suficiente para resolverlo.

La velocidad con la que evolucionan las plataformas digitales suele superar la

capacidad de respuesta de las instituciones y el anonimato no solo facilita el ataque;

también dificulta la denuncia, la investigación y la reparación del daño.

En este contexto, resulta necesario abrir una discusión más profunda sobre la

responsabilidad penal en el uso organizado de herramientas digitales para violentar.

La violencia en redes ya no es únicamente un fenómeno individual; cada vez con

mayor frecuencia se detectan estructuras coordinadas de cuentas falsas o “granjas

de bots” que amplifican campañas de hostigamiento, difamación y amenazas contra

mujeres que participan en la vida pública.

Estas redes no operan de forma espontánea: responden a estrategias deliberadas

de intimidación que buscan silenciar voces, destruir reputaciones y expulsar a las

mujeres del debate público. Frente a ello, el marco legal actual resulta insuficiente.

Si bien avances como la llamada Ley Olimpia han permitido reconocer y sancionar

algunas formas de violencia digital, todavía existe un vacío jurídico respecto a

quienes financian, coordinan o administran sistemas automatizados o redes de cuentas falsas para ejercer violencia sistemática.

En el gobierno que encabeza la primera presidenta de México, la Doctora Claudia

Sheimbaum comienzan a darse pasos importantes para enfrentar estas violencias.

Recientemente se anunció un acuerdo con empresas tecnológicas como Google,

Meta y TikTok para fortalecer la prevención y atención de la violencia digital contra

las mujeres, mediante campañas de información, mejores mecanismos de denuncia

y protocolos más ágiles para retirar contenidos que vulneren la integridad de las

víctimas. Para ejemplo habría que recordar la violencia digital que sufrió la primera

Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, orquestada por uno de los

empresarios más endeudados con Hacienda en nuestro país.

En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó una reforma conocida como Ley

Valeria, que busca tipificar el acecho o stalking como delito en el Código Penal

Federal, con penas de dos a cuatro años de prisión y hasta cuatrocientos días de

multa, sanciones que se agravan cuando la víctima es menor de edad o pertenece

a un grupo vulnerable.

La reforma lleva el nombre de Valeria Macías, una maestra que durante años

denunció el hostigamiento de un alumno sin que las autoridades pudieran actuar

plenamente porque el delito no estaba tipificado. Ambos avances muestran que el

Estado comienza a reconocer nuevas formas de violencia que nacen o se amplifican

en el entorno digital; aunque, también evidencian que aún existen vacíos normativos

frente a fenómenos más complejos, como las campañas coordinadas de acoso y

las granjas de bots que multiplican el hostigamiento hasta convertirlo en una forma

sistemática de violencia. Y, también, hay quienes se esconden tras un número

celular desconocido para querer violentar o amenazar. Aquí una de las situaciones

que vuelven relevante el registro personal de la línea telefónica.

Además de la iniciativa aprobada en el estado de Puebla sobre “sicariato digital”,

busca visibilizar y sancionar una modalidad extrema de violencia digital que afecta

particularmente a mujeres en la vida pública y política. El concepto se refiere a

ataques coordinados en el entorno digital, como hackeo de dispositivos, robo y

difusión de información personal, uso de bots, campañas de difamación o

amenazas, cuyo objetivo es destruir la reputación, intimidar o expulsar a una

persona del espacio público.

Por supuesto, el cambio más profundo debe ser cultural. Cuando una mujer decide

dejar de opinar, cerrar sus redes o retirarse de un espacio público por temor al

acoso, el debate colectivo se empobrece, la pluralidad se reduce y la esfera pública

pierde voces indispensables. Durante mucho tiempo se ha minimizado la violencia

digital bajo el argumento de que “solo ocurre en internet”. Esa idea ignora que lo

que sucede en el entorno digital tiene consecuencias tangibles que no desaparecen

al apagar una pantalla.

El 8 de marzo nos recuerda que la lucha por la igualdad también debe nombrar las

violencias que cambian de forma con el tiempo. Hoy, una parte importante de esa

lucha se libra en el espacio digital, porque la libertad de expresión pierde sentido

cuando el miedo se convierte en el costo de ejercerla. Y ninguna sociedad

democrática puede permitirse que el silencio de las mujeres sea el precio de la

conversación pública.

En el Estado de México sabemos que todos los agresores deben estar en prisión,

por eso habremos de legislar con firmeza porque la cobardía sí tiene rostro. No

permitiremos que la impunidad sea la gasolina de la violencia.